Reproducimos, por su interés, la carta que nos ha hecho llegar el Observatorio del Patrimonio Cultural y Arqueológico de la Universidad de los Andes, en Colombia. Una vez más, el entorno académico se rebela con toda dignidad cívica y en nombre de la mejor práctica arqueológica contra los planes crematísticos del presidente Juan Manuel Santos de otorgar un contrato a una compañía británica que será pagada con las piezas que forman el contenido del galeón -más del 80% será sometido al escrutinio de posible venta- por un contrato y unas condiciones elaboradas en secreto durante más de dos años gracias a la connivencia del Gobierno y la aplicación de la Alianza Público Privada, un contrato pensado para infraestructuras no para proyectos científicos.
El galeón San José y el “derecho al pataleo”
abril de 2018
Como si una fuerte corriente marina hubiera precipitado el tema del Galeón San José, durante el puente de la Semana Santa nos encontramos a la deriva y haciendo agua frente a la publicación de los pliegos de condiciones de la Alianza Público Privada para el rescate del que para muchos es, sin lugar a dudas, un testimonio histórico inigualable que debe ser preservado de manera integral.
El plazo límite establecido para la presentación de propuestas de alianza es el 24 de abril y la audiencia para la conformación de la lista de precalificados el 23 de mayo. Lista en la que el originador – “Maritime Archaeology Consultants Switzerland”- tendría un lugar asegurado y una ventaja de por lo menos tres años en el manejo de información clasificada, en el diseño de la propuesta y en la definición de los términos.
El valor estimado del contrato es de 70 millones de dólares que contemplan la extracción del material, la habilitación de un laboratorio para el tratamiento de las piezas y la puesta en marcha de un museo. Pero esta iniciativa parte del principio que una parte del material rescatado puede ser comercializado por quedar fuera de la definición de “patrimonio sumergido” que se ajustó mediante la expedición de la Ley 1675 de 2013.
Con este panorama vale la pena poner en evidencia algunas consideraciones:
1. Las Alianzas Público Privadas son mecanismos originalmente relacionados con proyectos de infraestructura en los que un privado aporta los recursos que el país no tiene para el desarrollo de una obra o un activo de beneficio público, y obviamente recibe una ganancia por esto. En este caso, se pone en evidencia que el margen de negociación del Estado fue limitado al terminar comprometiéndose con la comercialización de buena parte del pecio como cebo para atraer inversionistas privados y para lograr un ingreso adicional a las arcas del Estado.
2. De fondo, el problema no radica en el mecanismo de financiación sino en la ley que hace posible que una parte del naufragio sea comercializada, en tanto está sujeta a que se le retire la condición de patrimonio cultural sumergido. Esto, sumado al hecho de no considerar el galeón como un sitio arqueológico cuya unidad es fundamental para proteger su valor científico, nos ponen en una situación vulnerable frente a los enormes intereses económicos que soporta todo este proceso. Según algunas fuentes, el “tesoro hundido … se calcula en más de USD 3.000 millones de dólares”, mientras que otras son más moderadas, pero en cualquier caso la diferencia de inversión y ganancia es abismal.
3. En Colombia, como mandato constitucional, el patrimonio arqueológico pertenecía a la nación y gozaba de ser inalienable, imprescriptible e inembargable. La ley del patrimonio sumergido transforma esta condición y otorga al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, conformado en su mayoría por funcionarios del gobierno y expertos nombrados directamente por el Ministerio, la discrecionalidad de establecer qué se considera o no patrimonio cultural de la nación (Artículo 14 de la Ley 1675).
Frente a esta situación han sido varias las voces de alerta sobre lo que está por suceder. Arqueólogos nacionales e internacionales (Francia y España) han ofrecido sus servicios, por fuera de los intereses de sus países, para liderar en asocio con organismos multilaterales el rescate técnico y científico de este pecio a bajo costo y sin la necesidad de poner a la venta el patrimonio recuperado. Sin embargo, el gobierno nacional representado en el presidente, la ministra de cultura y el director del Icanh parece haber desconocido estos ofrecimientos dejando la impresión de que el único camino posible fuera la alianza que se ha forjado.Recuérdese que a la fecha lo acontecido sobre este tema ha estado amparado bajo el “secreto de estado”.
¿Será que tendremos los colombianos derecho al pataleo? ¿Habrá forma de que la Procuraduría General de la Nación u otra instancia en virtud de salvaguardar los intereses de la Nación pueda como mínimo exigir que se suspendan los términos de la convocatoria hasta que se ofrezcan condiciones amplias para que la participación sea en igualdad de condiciones para los oferentes privados? Pero, sobre todo, para que se exija al Estado mismo que públicamente evalúe la viabilidad de otros mecanismos de rescate. ¿Será descabellado, o por el contrario lo mínimo, que el gobierno deba convocar a las universidades y a otras agenciaso entidades nacionales (DIMAR, etc.) para que en “audiencias públicas” se evalúen alternativas?
¡En un país de leyes como el nuestro, ojalá algo más que el “derecho al pataleo” nosacompañe en esta ocasión!
Luis Gonzalo Jaramillo Echeverri. PhD
Manuel Salge Ferro. PhD
