Documentación cartográfica española del siglo XVIII ha sido determinante para la victoria de Filipinas en la sentencia arbitral más importante desde la firma de la Convención del Derecho del Mar. Hace un mes advertíamos desde este cuaderno de bitácora de ABC que la cartografía saqueada en Manila en 1762 por las tropas británicas podía tener un valor crucial en el contencioso legal por la delimitación del Mar de la China Meridional. Sin duda uno de los mayores conflictos marítimos de los últimos 70 años donde la creación de islas artificiales y el acrecentamiento de arrecifes era instrumentalizado para proyectar la soberanía marítima de China. Filipinas ha capitalizado con clara inteligencia su historia española, y en ese sentido las sociedades hispánicas pueden aprender una gran lección de sentido práctico y del valor de la historia cuando es objetiva.
La sentencia de 12 de julio de 2016 dictada por el Tribunal Arbitral, en un texto que alcanza las 500 páginas y pretende culminar esos 70 años de conflicto en relación a las reclamaciones unilaterales chinas y los derechos marítimos de los países costeros del denominado mar de la China Meridional.
A pesar de la gran cantidad de documentación perdida tras el saqueo de la ciudad de Manila donde buena parte de su memoria documental fue robada o destruida, algunos destellos culturales producto de una de las civilizaciones más complejas de la historia del área Asia/Pacífico, ha conseguido sobrevivir para reintegrar a Filipinas parte de su identidad e integridad geográfica y de su importante historia marítima compartida con la comunidad hispánica de los siglos XVI-XVIII. Es una victoria del derecho porque ha permitido que un país pacífico, sin ambiciones expansionistas, sin aspiraciones de dominio ha podido defender su integridad desde la legalidad internacional y desde su reencuentro con la historia y su identidad hispánica que no tiene que ver con el oro de los galeones hundidos sino con logros culturales objetivos que la sociedad hispanofilipina fue capaz de realizar muchos siglos antes.
Si bien no ha habido tiempo material, para analizar en profundidad el enorme alcance jurídico del texto de la sentencia (donde por cierto se ha citado oportunamente una obra del español profesor Brotons), la repercusión política de lo que sólo se puede definir como: el desmantelamiento jurídico total de la argumentación china ha sido incendiaria. El Tribunal ha considerado ilegales todas las herramientas de fuerza chinas empleadas durante decenios y que han tenido efectos humanos y medioambientales irreparables.
Por el momento China, a través de su Presidente Xi Jinping ha manifestado que no reconoce la sentencia arbitral y que “los intereses de soberanía territorial y marítima de China en el Mar de China Meridional, bajo ninguna circunstancia se verán afectados por la decisión arbitral”. La respuesta era un texto básicamente automático y preparado hacía tiempo pues no cabe duda que la reciente sugerencia china de una militarización de las islas artificiales usurpadas y la campaña de represión interior denominada “contra la corrupción” demuestran que el presidente no sólo estaba advertido del probable resultado adverso del arbitraje sino de los riesgos del fracaso de una política enormemente arriesgada y, en mi opinión, radicalmente desmarcada de capítulos mucho más lúcidos y protagonistas a nivel internacional del presidente Xi.
Es obvia la interconexión entre cierta oposición interna en el régimen –respondida por medio de las denominadas medidas anticorrupción- con el resultado de la política expansionista en el mar de la China Meridional.
Y es que el presidente tiene frente a esa opción continuista y nacionalista de incrementar la construcción y la militarización de islas artificiales sobre los arrecifes filipinos, de intensificar y multiplicar la implantación de plataformas de explotación petrolera en el área y perseguir a los pesqueros que durante siglos han practicado sus artes en ese mar necesita de ir acompañada de medidas de fuerza como ha hecho China al declarar su derecho a establecer una zona de identificación de defensa aérea sobre el Mar de China.
El problema de toda dialéctica de apuestas es que inevitablemente se llega siempre a la apuesta sobre la propia continuidad. La multiplicación de la inestabilidad militar y política en la región supone multiplicar el riesgo interior e internacional para el régimen chino, aun más, está creando una relación directa entre esos elementos, fácilmente advertible, de tal forma que cuando esos elementos acaben necesitándose el conflicto habrá dejado de ser regional.
La otra opción para el presidente consistiría: en lugar de tirar por la borda la legalidad internacional, con todo el enorme coste que implica, llevarla hasta sus últimas consecuencias y ofertar a Filipinas algún tipo de declaración del Mar de la China Meridional como un mar común que implicaría hacer una propuesta de cooperación profunda y muy amplia con ese país para el desarrollo y explotación del área. Todo ello con garantías de que el derecho del mar mantiene todo su vigor en el área.
La experiencia histórica nos dice que por mucho que desmenucemos racionalmente un problema la locura es siempre una opción. No olvidarlo creo que sería evitar escamotear opciones, de las que no somos dueños, a las generaciones venideras. China se queja de la falta de congruencia de algunos países occidentales en relación al derecho internacional del mar, aquí hemos denunciado algunas, como la política de crear masas de tierra artificiales por las autoridades británicas de Gibraltar. Sus ampliaciones de diques (desde territorios de cosoberanía, reconocidos por esas mismas autoridades) han perseguido mantener la máxima inestabilidad legal en el Estrecho. La ley internacional es para todos. Al menos en esto Europa, sinceramente, no debería ser parte del problema, parte de semejante argumento.
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