Hace unos días, el Congreso de los Diputados dio el espaldarazo definitivo al proyecto de Ley para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial tras cumplir todos los trámites legislativos. La nueva ley reconoce en una de sus disposiciones finales que la Tauromaquia como Patrimonio Cultural Inmaterial ya se recoge en la Ley de 2013 en la que se reconoce el toreo como tal. Y ahí es donde la norma escuece a los nacionalistas de CiU y ERC, que votaron negativamente junto al resto de la oposición, excepto el PSOE que se abstuvo, siempre nadando entre dos aguas.
Bueno pues si la Fiesta es Patrimonio Cultural Inmaterial en España, también lo es en Cataluña. Y ahí es donde comienza el pataleo de CiU y de ERC, dado que el carácter general de la ley podría dar pie a revocar regulaciones autonómicas y entonces nos damos de bruces con las corridas de toros y su prohibición en Cataluña.
Una prohibición que está recurrida ante el Tribunal Constitucional, el mismo órgano al que ahora quiere dirigirse el Govern de Artur Mas para pedir amparo contra la invasión de competencias que consideran que alienta el nuevo texto aprobado en el Congreso.
Bien esta que desde la Generalitat se tenga en el Constitucional la confianza para dirimir sus conflictos, tan bien como esperar la sentencia que debe dejar claro de una vez por todas si lo que decidió el Parlament en julio de 2010 se enmarca dentro de la Carta Magna.
Que el Constitucional decida, pero que decida ya, tanto sobre la abolición de las corridas de toros en Cataluña como sobre la Ley de Patrimonio Cultural Inmaterial, si al final la Generalitat confirma la petición de amparo. Bueno es que haya esperanza en tan alto Tribunal, lo que quiere decir que desde el Govern de Mas se acatará lo que del Constitucional venga. ¿O no?
Toros