Coincido con Álvarez Cascos en las sospechas sobre el comisario Juan Antonio González y la policía judicial a su mando. Pero una cosa son las sospechas y otra las pruebas que certifiquen esas sospechas. Y es ahí donde a Álvarez Cascos se le ha ido la mano. Porque es cierto que él posee las pruebas que le afectan a él mismo y su caso, es decir, los intentos frustrados de esa policía judicial para implicarlo en la trama Gürtel. Cascos sí que puede acusar en lo que a él le concierne, pero de ahí a generalizar va un trecho. Sobre todo, cuando quien acusa es un dirigente político y sus palabras indican un ataque frontal y total a la instrucción del caso Gürtel.
Otra cosa es que aquí nos volvemos a encontrar con la doble vara de medir del Gobierno. Con el capítulo
2 de la comparación Garzón-Bárcenas que hacía yo misma hace unos días. O se exige respeto a las actuaciones judiciales en todos los casos o no se exige. Y lo digo por los ataques furibundos del Gobierno al PP por la Gürtel y por Bárcenas y su cerrada defensa de Garzón, el “acoso a Garzón”, según la izquierda. Y lo vuelvo a decir ahora por la llamativa exigencia de rectificación de la vicepresidenta De la Vega a Cascos .
La exigencia de la vicepresidenta sería respetable siempre que aplicara la misma vara de medir a los suyos. En este caso, a los suyos que han lanzado todo tipo de sospechas y acusaciones contra el Supremo por la imputación de Garzón. Las acusaciones del otro vicepresidente, Chaves, por ejemplo, con eso de que “algo raro pasa en el Supremo” para que hayan podido hacer esto con Garzón.
Que pida De la Vega la misma rectificación a Chaves y a Cascos para que nos creamos su respeto al Estado de derecho y al trabajo policial. Por supuesto, no la va a pedir. Más bien seguirá instigando la movilización contra el Supremo, junto con el resto del Gobierno.
Corrupción
