Creo que no me equivocaba demasiado la semana pasada cuando decía que de las propuestas de los expertos a lo que finalmente aprobará el Gobierno, la mitad de la mitad. Si el viernes pasado era la vicepresidenta la que dejaba claro que los contribuyentes no pagarían en el IRPF como proponía el informe del comité, una semana después era Montoro, el ministro de Hacienda, quien dejaba claro que no piensa subir el IVA: ni el general, ni productos concretos, ni nada de nada. Bueno algo sí, el IVA de los productos sanitarios pasará del 10 al 21% un día de estos porque hay una sentencia firme del Tribunal de Luxemburgo que obliga a ello. Y la sentencia es de enero del año pasado, así que cualquier día de estos Europa nos pega un toque.
El argumento de los expertos para proponer la subida del IVA es que es necesario bajar los impuestos al empleo y para compensar la pérdida de recaudación habría que subir los tributos al consumo. Así se produce una devaluación interna, argumentan. Y llaman al sacrificio de los ciudadanos para luchar contra el desempleo. Y probablemente los expertos hubieran tenido razón hace cuatro años. Pero desde 2010 el tipo del IVA general ha subido cinco puntos, y ha pasado desde el 16 al 21%, y el tipo reducido ha subido tres puntos, del siete al 10%. Y ya nos hemos sacrificado los ciudadanos y muchos pequeños empresarios que para poder seguir vendiendo y no perder clientela asumieron esa subida de impuestos y no lo trasladaron a los precios. El sacrificio, señores expertos, ya lo hicimos. Y ahora es el momento de recoger sus frutos.
Hay otras propuestas de las que se ha hablado poco pero que creo que el Gobierno no se atreverá a aplicar, e incluso reconozco que me gustaría que no lo hiciera. Y son las que se refieren a la vivienda. En este querido país nuestro alrededor del 80% de los ciudadanos tiene su casa en propiedad. Y aunque algunos economistas consideran esto una equivocación a mí, personalmente, me parece un acierto. La mayoría de los pensionistas no tienen que pagar un alquiler y gracias a ello pueden vivir, algunos incluso con holgura, pese a lo ajustado de las prestaciones. ¿Se pueden imaginar si un pensionista que cobra una media de 800 o 900 euros tuviera que pagar un alquiler de 500? Estaría en la pobreza más absoluta. De modo que dejen que nos sigamos comprando nuestra casa para que cuando nos jubilemos y cobremos una mísera pensión, al menos no tengamos que pagar alquiler.
Sin embargo muchas de las medidas fiscales propuestas tienen como objetivo castigar la propiedad. Y una de ellas es la recomendación de subir el IBI y el valor catastral. Sería una enorme carga especialmente para esos nueve millones de pensionistas que, en una gran mayoría, tienen casa propia. Argumentan que hay que suprimir el Impuesto de Transmisiones, que se paga cuando se compra la casa de segunda mano, solo en ese momento, por tanto solo una vez, y compensar la pérdida recaudatoria con una subida del IBI que se paga todos los años. Si el IBI sube hasta el 1% del valor catastral, y este además se eleva para acercarse al 60% o 70% del valor real, estaríamos diciendo que una casa con un valor real de 150.000 euros, pagaría de IBI 800 o 900 euros. Un pensionista no podría soportar esa carga. Sería la paga de un mes. Y ya si tenemos en cuenta que muchos jubilados tienen también casa en el pueblo, la cuenta se dispararía. Espero que el Gobierno tenga en cuenta estas reflexiones antes de hacer experimentos fiscales.
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