Por mucho que el Gobierno de Pedro Sánchez, las televisiones afines y los medios de comunicación en general nos empeñemos en dedicar horas y más horas de informativos y tertulias la exhumación de Franco y su importancia histórica, o escribamos páginas y más páginas del asunto, a la vez que ésta se se producían varias noticias que afectarán bastante más a nuestras vidas y a nuestros bolsillos. La primera de ellas, y probablemente la más preocupante, es el mal comportamiento del mercado laboral en el tercer trimestre del año.
Según las cifras de la EPA, entre julio y septiembre el número de ocupados apenas creció en 69.400 personas, un tercio del año pasado, y además, casi la mitad de ellos en el sector público. Y el paro solo se redujo en 16.200 personas, una décima parte que en 2018. Además, ambos registros son los peores que se producen en el periodo estival desde 2012, cuando España estaba sumida en plena recesión económica, y han sorprendido negativamente a los analistas, que esperaban un mejor comportamiento del mercado laboral.
Y esta situación, que debería central la atención de nuestros políticos, pasa prácticamente inadvertida en esta precampaña electoral, y son pocas las medidas que escuchamos para evitar que la desaceleración del crecimiento económico y del mercado laboral, acaben convirtiéndose en otra grave crisis económica, cuando todavía no hemos acabado de recuperarnos de la anterior.
Pero no solo no se habla de ello, sino que las recetas que escuchamos al Gobierno en funciones, y a los que podrían ser sus socios, Podemos o Más Madrid pasan sí o sí por aumentar el gasto y subir los impuestos, lo que, dado el elevado nivel de deuda de la economía española, no puede más que empeorar la situación. Y no solo eso, sino que Sánchez y su Ejecutivo quieren extender sus políticas también a las administraciones en las que no gobiernan, como es el caso de la Comunidad de Madrid. La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha dicho en el Congreso Anual de los Inspectores de Hacienda que quiere armonizar el Impuesto de Sucesiones y el de Patrimonio y que Madrid, es decir, los madrileños, «tenemos que pagar más por justicia fiscal». Y perdóneme, señora ministra, pero no se por qué es más justo que los madrileños paguemos más, quizás lo que deberían hacer es suprimir estos impuestos en toda España, o hacer que el resto de las comunidades los bajen, para que todos paguemos menos. De hecho, si algo ha demostrado la política fiscal de Madrid es que funciona y que la economía madrileña crece más (un 3,7% el año pasado, frente al 2,4% de media en España) y crea más empleo (más de 100.000 puestos de trabajo en 2018), que las de aquellas autonomías que fríen a sus ciudadanos a impuestos. Y eso sin hablar de dónde queda la corresponsabilidad fiscal y la autonomía de las comunidades. Si estamos en contra de que tengan estas competencias y queremos que todos los españoles, vivan donde vivan, paguen los mismos impuestos, me parece bien, recuperemos las competencias para el Estado, pero no solo en impuestos, también en gastos, para que todos tengamos los mismos servicios. Lo que no puede ser es que reduzcamos las competencias solo porque al Gobierno central, en este caso, a Sánchez, le interesa porque no le viene bien que algunas comunidades hagan políticas contrarias a las suyas, y encima demuestren que funcionan.
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