El Gobierno va a liberar los 4.700 millones de ingresos a cuenta de la recaudación de impuestos que los Presupuestos para 2019, esos que nunca llegaron a aprobarse, preveían para las comunidades autónomas. Hasta ahí nada que objetar, salvo que ya era hora. No se puede tener a todas las autonomías, de las que dependen la mayor parte de los servicios públicos, a medio gas, porque no se les puede transferir desde el Estado un dinero que les corresponde.
Lo que me parece impresentable, y no puedo dejar de denunciar, es que Pedro Sánchez y sus ministros, utilicen las instituciones del Estado para sus intereses y los del Partido Socialista, como ha ocurrido en este caso, poniendo en cuestión la credibilidad de la institución.
Como denunciamos en ABC, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esgrimió este verano un informe de la Abogacía del Estado para justificar su negativa a liberar estos fondos para las comunidades autónomas. El argumento entonces es que un Gobierno en funciones no podía comprometer el presupuesto del Ejecutivo que saliera de las urnas. En ese momento a Sánchez le interesaba esta estrategia porque era una forma de presionar al resto de partidos para que apoyaran su investidura y, por ende, sus presupuestos.
Hoy, con las elecciones a la vuelta de la esquina, a Pedro Sánchez no le interesa tener retenido ese dinero, porque los partidos de la oposición pueden acusarle en campaña de ser el culpable de tener peores servicios públicos. Y lo único que se les ha ocurrido es volver a pedir a la Abogacía del Estado otro informe, pero que esta vez que diga lo contrario que el anterior, que aunque el Gobierno esté en funciones sí puede comprometer ese dinero, ya que sea quien sea quién gane las elecciones, tendrá que desembolsarlo.
Es un argumento totalmente lógico y razonable. Bastante más, por cierto, que el que se usó para tener retenidos los fondos, porque no se trata de un capricho del Gobierno de turno, o de condicionar una determinada política económica, se trata solo de adelantar una parte de la recaudación prevista por los impuestos que le corresponden a las autonomías.
También es verdad que el Gobierno del Partido Popular utilizó el mismo argumento, la retención de fondos a las comunidades autónomas para presionar y pedir el apoyo a los presupuestos. Lo que es nuevo, y totalmente deplorable es que se juegue con la credibilidad y el prestigio de las instituciones, haciendo que digan una cosa y la contraria, por intereses del partido que en este momento ostenta el poder, aunque sea en funciones. En política y para ganar unas elecciones, no vale todo.
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