Otra vez está la reforma de la financiación autonómica encima de la mesa. Otra vez el Gobierno de la nación intentará calmar las ansias nacionalistas de los gobernantes catalanes y de paso los lloriqueos del resto de ejecutivos regionales con más dinero. Otra vez será necesario adelgazar el ya mínimo Estado central para conseguir acallar las voces que exigen más soberanía. Pero ¿hasta cuándo vamos a seguir engordando está bola de nieve que parece no tener fin?
La reforma del sistema de financiación autonómica del año 2002 que, en teoría, creaba un sistema definitivo que no habría que renovar cada cinco años, como ocurría hasta entonces, ya costó más de 2.000 millones de euros. Pero antes de su primer año de vigencia, llegó el señor Zapatero y se comprometió con Artur Mas a cambiarlo. La reforma costó en 2008 más de 11.000 millones de euros. Pero llegó la crisis, cayó la recaudación de impuestos, y sus señorías se sienten insatisfechos con ese sistema que aplaudieron y cuyo único fin era proporcionar más recursos a Cataluña, aunque, eso sí, para que los demás dirigentes regionales se callaran, hubo que repartir también dinero al resto. Y como Rajoy se negó al pacto fiscal, los gobernantes catalanes empezaron a amenazar con consultas independentistas y sacan la lista de agravios y promesas incumplidas.
Alguién debería explicar a los ciudadanos catalanes que su región estaría en la quiebra si no fuera porque el Estado español, ese que dicen que les roba, está consiguiendo financiación para sostener los servicios públicos. Alguién debería decirles que la primera consecuencia de esa independencia sería precisamente esa quiebra, porque Cataluña no podría financiarse en los mercados. Sólo hay que tener un poco de memoria para recordar que en España no se aprobaba ningún presupuesto en los últimos años de Felipe González y los primeros de gobierno de Aznar sin más dinero para inversiones en Cataluña y El País Vasco. Y basta con analizar los Presupuestos estatales de toda la época de Zapatero para ver cómo Cataluña fue, junto con Andalucía, la región más beneficiada por las inversiones estatales. Y aún así, se quejan y se quejan y siguen quejándose. Que nadie se engañe, poner más dinero encima de la mesa puede servir para aplazar el problema, no para resolverlo. Pasarán unos meses, unos años, y después vuelta a empezar.
De modo que más vale que de una vez por todas se haga un sistema de financiación definitivo. Que las regiones que quieran prestar más servicios, exijan más impuestos a sus ciudadanos y respondan de sus políticas en las urnas. No vale gastárselo todo, bajar los impuestos y luego, eso sí, como niños caprichosos pedir a papá Estado que me suba la paga. De una vez por todas, nuestras autonomías deben empezar a madurar y ser responsables de sus actos.
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