Nuestros políticos y gobernantes se llenan la boca con la necesidad de aumentar la independencia de las instituciones y de los organismos reguladores. Son palabras que han adornado los programas electorales del PSOE y del PP, e incluso se han incluido en la declaración de intenciones de muchas normas, como la recién aprobada Ley de Economía Sostenible. Pero la realidad es otra cosa. Las palabras se las lleva el viento y al final unos y otros colocan a personas de su entorno, de su confianza, al frente de supervisores y organismos reguladores.
Hasta ahora siempre ha sido más o menos así, aunque los dos grandes partidos negociaban y acordaban el reparto de puestos y además trataban de disimular poniendo al frente de reguladores y supervisores a personas que no estuvieran en primera línea política y que tuvieran un perfil técnico. Pero ya ni siquiera se respeta eso.
Al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no le tembló la mano hace seis años para poner al frente del Banco de España al hasta entonces secretario de Estado de Hacienda de su Ejecutivo, Miguel Angel Fernández Ordóñez. Hoy, sin el más mínimo pudor, el Consejo de Ministros acaba de proponer al actual secretario de Estado de Telecomunicaciones para ocupar la presidencia de la Comisión del Mercado de las telecos. Y en junio quiere colocar al actual secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, al frente de la Comisión Nacional de la Energía.
No dudo de la preparación profesional y técnica de ninguno de ellos para ocupar estos asientos. Pero no me parece de recibo que alguien que forma parte de un Gobierno pase automáticamente a dirigir un regulador. Creo que se le hace un flaco favor a España y a su imagen en los mercados internacionales.
El PP protesta muy ofendido y denuncia la politización de los reguladores. Pero probablemente lo que más le duele no es esa falta de independencia, sino que el Gobierno ni siquiera ha negociado con ellos, y les quita asientos en estas instituciones que deja en manos de los nacionalistas de PNV y CiU. De modo que los populares, que si las encuestas no fallan llegarán al Gobierno en breve, se encontrarán un contrapoder en los supervisores de los principales sectores empresariales: la energía y las telecomunicaciones. Pero ya han avisado de que si ganan las elecciones no reconocerán estos nombramientos. El PSOE les contesta volviendo a la época de maricastaña y recordándoles que ellos pusieron a sus “amigos de pupitre” al frente de las empresas públicas privatizadas (por Villalonga en Telefónica).
Y a mí todo esto me da una enorme pena, porque la imagen que se deteriora con tanto trapicheo no es la del señor Zapatero, ni la del PSOE, ni la del PP, sino la de España. ¿Qué pensarán los inversores que quieran instalarse aquí y que tendrán que someterse a las reglas y supervisión de unos organismos en teoría independientes, si al final estos están en manos de los políticos? Ya sabemos que la política lo inunda todo, pero al menos podrían guardar un poco las formas. Con la imagen de un país no se juega. Y sobre todo, por favor, no nos engañen.
EconomÃa