La puesta en marcha de un proceso de amnistía fiscal, por el que aquellos ciudadanos o empresas que no han declarado las rentas obtenidas con sus actividades profesionales o económicas, o con la venta de inmuebles o activos, pueden legalizar su situación pagando un tipo impositivo reducido, es sin duda una muestra de un fracaso de la política económica y, en concreto, de la lucha contra el fraude fiscal.
Es difícil explicar a los ciudadanos que religiosamente pagamos nuestros impuestos, más del 50% incluso los contribuyentes de rentas más altas, que ahora aquellos que han ocultado a Hacienda sus rentas, van a poder aflorarlas pagando apenas un 10%, y que no tendrán sanción, ni recargo, ni intereses de demora. Éticamente parece reprobable.
No obstante, y aunque no siempre -o probablemente casi nunca- el fin justifica los medios, en este caso parece que el Gobierno tiene una razón de peso para haber tomado una medida de este tipo. Las exigencias de Bruselas para reducir los números rojos del Estado español en un solo ejercicio son tan grandes que la alternativa era subir otros impuestos a los ciudadanos que ya los estamos pagando y, en concreto el IVA.
De manera que si a mí me preguntan si prefiero que aquellos que han defraudado afloren ese dinero pagando menos de lo que he pagado yo. o que me vuelvan a subir los impuestos, sin duda respondería que prefiero ese perdón fiscal. Eso sí con condiciones.
La única manera de que un proceso de regularización fiscal como el planteado tenga éxito es limitarlo en el tiempo, como se ha hecho, pero a la vez endurecer las sanciones y poner en marcha un plan de lucha contra el fraude eficaz, de modo que quienes han ocultado dinero al fisco tengan claro que si no se meten en este proceso de regularización les van a pillar y además van a pagar un potosí.
Otros países, como Alemania, Portugal e Italia han puesto en marcha procesos similares en momentos de apuros económicos, y no les ha salido mal. Esperemos que en esta ocasión este medida, sin duda reprobable desde el punto de vista ético, sirva al menos para incrementar la recaudación. Y eso sí, se deben poner las medidas para que los defraudadores paguen y esta sea la última amnistía fiscal que se hace en España.
EconomÃa