Los nuevos planes que la vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha anunciado para devolver la confianza en el sistema financiero español genera algunas dudas a expertos y profanos.
La primera pregunta que el ciudadano de a pie se hace es en qué medida le pueden afectar a él -que tiene sus ahorros depositados en una determinada entidad financiera o un crédito hipotecario- las mayores exigencias de capital requeridas por el Ejecutivo, o incluso la posible nacionalización de su banco o caja. Y la respuesta es sencilla y bastante tranquilizadora. Incluso en el caso más drástico, en el que el Estado tenga que comprar participaciones, y por tanto nacionalizar parte de la entidad, los clientes no serán afectados. Sus depósitos están seguros y garantizados y, desde luego, tendrán que seguir pagando religiosamente las cuotas de su hipoteca. Otra cosa es que, según algunos expertos consultados, las mayores exigencias de capital que van a tener que cumplir todas las entidades financieras supondrán un nuevo freno a las concesiones de crédito. Los más optimistas, apuntan, sin embargo, que estas nuevas exigencias, las entidades españolas serán más solventes y tendrán más capacidad para captar financiación fuera. El tiempo dirá quien lleva razón.
Otra de las dudas que surgen es si el Gobierno y el Banco de España no se han quedado cortos al cifrar en 20.000 millones las necesidades máximas de ayuda pública que necesitará el sector. Los mercados hasta ahora habían hablado de cifras muy superiores, y habían dado horquillas que llegaban en los casos más extremos a superar los 100.000 millones de euros. La intuición, pero solo eso, me dice que la cifra avanzada ayer por Salgado debe ser cierta, aunque solo sea porque de haberse quedado cortos, el Ejecutivo y el supervisor bancario harían un tremendo ridículo y un grave daño a la economía española y al sector. Si tenemos en cuenta que en un mes -antes de finales de febrero- todas las entidades financieras tendrán que retratarse y dar sus datos de capital básico, de exposición al sistema inmobiliario, de créditos dudosos,… no tendría ningún sentido minimizar ahora esas pérdidas. Pero visto lo visto, no me atrevo a descartar nada.
También hay quien dice que lo que habría que haber hecho no es elevar los requerimientos de solvencia a nuestras entidades financieras, exigiendo unos ratios que los bancos del resto del mundo no tendrán que empezar a aplicar hasta 2013, sino obligar a cajas y bancos a aflorar sus pérdidas y créditos dudosos. Dicen que como esto no se ha hecho, el capital privado no querrar entrar en nuestras entidades en apuros y como siempre tendrá que ser el contribuyente quien pague los platos rotos. Salgado se defiende y argumenta que las entidades financieras ya han asumido 92.000 millones de pérdidas y con las nuevas exigencias despejarán cualquier duda sobre nuestros bancos y cajas.
En lo que hay prácticamente unanimidad es en que este nuevo plan de saneamiento es un paso más hacia la bancarización del sistema financiero español. La mayoría de las cajas se convertirán en bancos, unas por voluntad propia para poder captar financiación en los mercados internacionales, y otras obligadas para poder recibir la ayuda pública. Si tuviera que dar mi opinión al respecto, diría que me parece bien que los dirigentes políticos regionales y provinciales, la mayoría sin ningún conocimiento sobre gestión bancaria, dejen de mangonear en las cajas. Pero también creo que sería una pena que se perdiera la obra social que estas entidades han llevado a cabo durante tantos años. No sé si será posible combinar una gestión profesionalizada, o una casi privatización de las cajas, con la supervivencia de su obra social. Lo que sí sé es que sería una gran pérdida para la sociedad española que desapareciera esa labor social de las entidades financieras.
Y la penúltima duda, la última se la dejo a ustedes, es si el Gobierno conseguirá los apoyos parlamentarios para sacar adelante la nueva reforma. En “off” todos los grupos dicen que no les gusta. Pero es más que probable que al menos el PP lo apoye. No por convicción, sino por la encerrona en la que el Gobierno le ha metido. Si ahora la reforma no tuviera apoyos suficientes, los mercados no nos lo perdonarían.
EconomÃa