En la sesión de hoy del Congreso que investiga las escuchas al ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz el diputado Rufián de Esquerra Republicana insultó al exdirector de Antifraude, Daniel Alfonso, llamándole «gánster», «mamporrero», «lacayo», «gallo», «conspirador» y concluyó espetándole «La corrupción es usted».
No creo que sean muchos los que consideren el insulto como un argumento parlamentario de primer nivel. Con esto quiero decir, que aun cuando se valore altamente la libertad de expresión, serán pocos los que consideren necesario recurrir al insulto para exponer una determinada postura crítica en un debate parlamentario.
Por mi parte, comparto totalmente la opinión de que quienes ocupan las más altas instituciones del Estado tienen el deber de comportarse con la más exquisita ejemplaridad, lo cual implica que están sometidos al nivel más alto de crítica. Y coincido también en la importancia fundamental que tiene la libertad de expresión en una sociedad democrática. Pero discrepo de quienes, como el diputado Rufián, en lugar de hacer uso de una crítica argumentativa, recurren a expresiones que constituyen verdaderas ofensas que no contribuyen a la creación de una opinión pública libre, informada y formada, que es el fundamento de la libertad de expresión.
Ha pasado tiempo suficiente para hacer un balance más equilibrado y justo entre la libertad de expresión y sus límites, representados por los derechos al honor, a la intimidad, a la propia imagen. Con esto no se quiere decir que haya que restringir la libertad de expresión, sino que hay que precisar bien las fronteras que no puede rebasar. A cuyo efecto hay que valorar las opiniones difundidas, su contribución real a la formación de una opinión plural, informada e instruida, y la posible lesión que causa la difusión pública de las expresiones en los derechos fundamentales de la personalidad del sujeto aludido.
Pues bien, mi raciocinio me impide calificar las expresiones del diputado Rufián como críticas fundadas que suponen un control democrático del correcto funcionamiento de las instituciones. Por el contrario, estamos ante verdaderos insultos que difícilmente pueden contribuir a modelar una opinión libre, formada e informada. Tales agravios, juicios de valor globalmente descalificadores, lesionan el derecho al honor de cualquiera, y por supuesto el señor Daniel Alfonso, que tiene que ser preservado al mismo nivel que el de los demás. No cabe confundir estar expuesto a un alto nivel de crítica con tener que soportar insultos.
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