Era una de las promesas siempre hechas y nunca cumplidas por los distintos gobiernos de la democracia. Una Ley del Servicio Exterior para poner orden en las actuaciones de distintos departamentos y comunidades en el extranjero. Podría parecer algo sencillo, pero no lo ha sido. Hay en España demasiados intereses corporativistas o de las distintas instituciones como para poner de acuerdo a todos. Y la ley de Acción Exterior y del Servicio Exterior del estado que acaba de aprobar el Congreso de los Diputados deja mucha insatisfacción. El apoyo pleno a la misma sólo ha venido de los diputados del PP. Los demás grupos o la han criticado abiertamente o han expresado sus reservas por distintos motivos.
Pero, por primera vez, España se va a dotar de este instrumento, que es más necesario de lo que pueda parecer a simple vista. Y en ese sentido hay que elogiar el tesón demostrado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, y el trabajo desarrollado por el subsecretario, Rafael Mendívil, y su equipo. Otros, en circunstancias similares no supieron o no pudieron sacar adelante la ley. Ahora es tiempo de ver cómo se desarrolla. Posiblemente con menos problemas de los que han vaticinado sobre todo los nacionalistas. La Agencia Europa Press ha hecho un buen resumen del último debate y del contenido de una ley, en la que se han introducido algunas modificaciones relativas a la necesidad de comunicar los viajes al extranjero por parte de los dirigentes autonómicos.
El siguiente paso será la aprobación de la Ley de Tratados, que también ha provocado algún malestar en los nacionalistas, como era de esperar, pero que, finalmente saldrá adelante también gracias a la mayoría del PP en el Parlamento.
Y, en breve, verá la luz el proyecto de Reglamento de la Carrera Diplomática, que era otra de las modificaciones esperadas en lo que se refiere al servicio exterior, y que pretende dar pautas para que el nombramiento de embajadores se haga de una manera más eficaz.
Si a ello se añade la decisión de volver a instalar la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores en la Plaza del Marqués de Salamanca, tras años de exilio y varios millones de euros gastados en el alquiler del edificio de Torres Ágora, se puede decir, sin duda, que una de las principales tareas de García-Margallo al frente del departamento ha sido resolver problemas que afectaban al funcionamiento del mismo y que se habían enquistado. Con permiso, naturalmente, del activismo desplegado por el ministro en relación con las pretensiones soberanistas de los actuales dirigentes de Cataluña.
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