El Gobierno de Mariano Rajoy ha optado por no ejercer el protagonismo en el proceso que ha llevado a los países de la Unión Europea a consensuar las bases de la negociación con el régimen castrista para tratar de alcanzar un acuerdo político y de cooperación con Cuba. La decisión de negociar ese acuerdo bilateral será previsiblemente adoptada en el Consejo de Asuntos Exteriores del 14 de febrero y hasta entonces, los Veintiocho terminarán de perfilar aspectos formales de una posición que ha sido largamente debatida por los europeos y ya está prácticamente cerrada.
Las autoridades de La Habana conocen ya el planteamiento de base de la UE y deben también expresar su voluntad de negociar, sabiendo que, mientras dure esa negociación, la Posición Común Europea, que ha marcado la relación con la Isla desde 1996, va a estar vigente. Hasta ahora, los cubanos se negaban a negociar mientas siguiera en vigor esa Posición Común, impulsada en su comienzo por el Gobierno de José María Aznar. En ella se indica que el objetivo de la misma es favorecer un proceso de transición hacia una democracia pluralista y el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales, y además ayudar a una mejora del nivel de vida del pueblo cubano. Sólo si el régimen avanzaba hacia la democracia, se podía incrementar el diálogo y la cooperación.
España fue el gran defensor de esa política y del apoyo a la disidencia en el interior de Cuba, hasta la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a La Moncloa. Su ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, se convirtió en el instrumento visible de una nueva política española de acercamiento hacia el castrismo, en detrimento de las relaciones con la disidencia, política que, pronto, trató de trasladar al seno de la Unión Europea.
Parecía lógico pensar que si España -que siempre había liderado la relación europea con Cuba-, modificaba su planteamiento, no habría grandes problemas para poner fin a la Posición Común. Pero Moratinos tropezó con la resistencia de algunos socios europeos que, como la República Checa, tenían muy presente aún lo que habían sufrido con el comunismo soviético. Además, Alemania no veía con buenos ojos una negociación para un acuerdo bilateral, mientras no se hubieran registrado progresos democratizadores en Cuba.
Así que, Zapatero dejó el Gobierno sin ver cumplido su propósito con respecto a Cuba, pero, como El Cid, puede ganar la batalla después de muerto políticamente, porque los países más reticentes a terminar con la Posición Común han aceptado el planteamiento de que, tras 18 años, tal vez haya que optar por otra estrategia, habida cuenta de que aquella no ha logrado sus objetivos. A ello ha contribuido que España no se haya mostrado beligerante en su mantenimiento, entre otras razones, porque ya son dieciocho los países de la UE que han alcanzado acuerdos bilaterales con Cuba.
Es decir, Mariano Rajoy abandona el planteamiento que hizo Aznar y abre la puerta a un nuevo enfoque, aunque manteniendo los mismos fines de conseguir que en la Isla haya mayor respeto de los derechos humanos, de las libertades y de la participación de la sociedad civil, asuntos que se incluyen en el texto base con el que la UE ofrece a Cuba abrir la negociación.
Aunque en los planes del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, no figura, por ahora, realizar un viaje a La Habana, dos altos cargos de su departamento –el director general para Iberoamérica, Pablo Gómez de Olea, y la directora general de Relaciones Culturales y Científicas, Itizar Taboada– estuvieron en el ultimo trimestre del año en Cuba, con motivo de distintas actividades, y no se descarta que se produzca pronto una visita del secretario de Estado para Iberoamérica, Jesús Gracia, que fue embajador de España en ese país.
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