El Gobierno es consciente de que, en el frente exterior, la maquinaria de la Generalitat de Cataluña en torno al 1 de octubre, le ganó la partida. Hubo posiblemente un exceso de confianza en que las promesas de la inmensa mayoría de los dirigentes mundiales no expresarían ninguna simpatía hacia la causa independentista y se descuidaron otros frentes, como los medios de comunicación o las secciones de Derechos Humanos de los organismos internacionales, fácilmente impresionables por unas escenas de cargas policiales.
Para tratar de revertir la situación, el Gobierno y especialmente el Ministerio de Asuntos Exteriores, ha aumentado en los últimos día su actividad más allá de nuestras fronteras. Los embajadores tienen instrucciones de responder a los requerimientos de los Gobiernos y los medios de de comunicación de los respectivos países en los que están acreditados.
Algunos de estos embajadores están siendo muy activos y se les ha dado carta blanca para que tomen las decisiones que consideren oportunas con el fin de explicar la realidad de lo que se vive en Cataluña. En esa línea, por ejemplo, el embajador ante la Santa Sede, Gerardo Bugallo, dio a conocer, tras la presentación de sus Cartas Credenciales en el Vaticano, que el Papa Francisco no apoya el movimiento separatista catalán.
En puntos tan dispares como Finlandia o Emiratos Árabes Unidos, los embajadores salieron en defensa de la unidad de España. En Helsinki, el embajador, Manuel de la Cámara, replicó al diputado Mikko Kärnä (Partido del Centro), que había pedido que se dejara votar en el referéndum, “Si un día Finlandia tiene un problema de seguridad y necesita la solidaridad de sus socios de la UE, podría buscar esta solidaridad en Cataluña”. En Abu Dhabi, el embajador, Antonio Álvarez Barthe envío una carta al periódico Gulf New, por un editorial en el que se afirmaba que “la Guardia Civil es una vergüenza” por su actuación en la jornada del 1-O. El embajador calificó el editorial como “ un ataque inaceptable a la reputación de una agencia de cumplimiento de la ley respetada internacionalmente”.
El propio ministro, Alfonso Dastis, y sus secretarios de Estado, han multiplicado sus entrevistas en distintos medios extranjeros y han conversados con algunos de sus homólogos para exponer la visión del Gobierno.
Algunos rotativos y televisiones extranjeras han difundido también las imágenes trucadas en las que aparecían manifestantes heridos, que correspondían a cargas policiales de hace años, entre otras por parte de los Mossos d’Esquadra.
Al propio tiempo, se está respondiendo a los comunicados o declaraciones emitidos por responsables de Derechos Humanos de la ONU o de la OSCE. En el Consejo Permanente de esta última organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, de la que forman parte 57 estados, la embajadora española, María Victoria González Román, compareció a petición propia, para hacer una detallada exposición de los sucedido el 1 de octubre y para, entre otras cosas, denunciar el acoso a las Fuerzas de Seguridad y a los no independentistas en Cataluña y para denunciar la violación de los datos personales de millones de catalanes por parte de la Generalitat.
Y en las últimas fechas, la salida acelerada de Cataluña por parte de grandes empresas españolas está dando un buen argumento al Ejecutivo para exponer ante otros países las consecuencias que tendría la continuidad de la deriva separatista.
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