Depredadores

«¿Quiénes les podía decir a estas personas que lo estaban haciendo mal?», pregunta al aire el fiscal Alejandro Luzón en la fase de conclusiones del juicio de las tarjetas black. Y ese es el quid de la cuestión. Ellos eran los consejeros, los que tenían que velar por el buen hacer de Caja Madrid, de Bankia. Esa entidad que fue rescatada con dinero público, de todos, una de las causantes de la estafa masiva de las preferentes.

Fue Miguel Blesa, el amigo de José María Aznar desde 1978, cuando accedieron a las dos plazas vacantes de inspectores de Hacienda en Logroño, quien «tomó la decisión de continuar, pervertir y consentir» un sistema de tarjetas convirtiéndolo «en opaco». Esa opacidad fue bautizada como black por Javier López Madrid, el «compi yogui» de Letizia, quién le escribía mensajes efusivos al empresario cuando estalló el escándalo: «Nos conocemos, nos queremos, nos respetamos. Lo demás, merde».

Rodrigo Rato no se quedó atrás. El exvicepresidente del Gobierno de Aznar le dio continuidad durante dos años, llegándose a enfadar con Francisco Verdú, por rechazar la tarjeta al no estar incluida en su contrato. «Haz lo que te dé la gana», le contestó Rato contrariado.

«Todos los acusados de saber que se destaparía este asunto no actuarían como actuaron», reconoció el fiscal. Viajes, fiestas, comidas de lujo y hasta dos millones de euros retirados en efectivo en cajeros. «Le concedieron poca importancia. Tiene que ver con la conciencia de impunidad pero no con la de legalidad», sentenció. Las retribuciones les parecían escasas. Y tiraron de tarjeta para vivir a cuerpo de rey. No había límites.

Entre ellos, hubo cuatro que siguieron usando la tarjeta después de su cese: el padre del senador de Podemos, Ramón Espinar, Rodolfo Benito (CC.OO), Antonio Romero (PSOE) y Alberto Recarte, expresidente de Liberad Digital. Practicando «la rapiña y el pillaje». No era parte de su sueldo. El folleto de salida a Bolsa de Bankia era claro respecto a la retribución de los consejeros y no había rastro de las tarjetas.

Luzón ha sido concluyente en su alegato final, acuñando cuál era su verdadera naturaleza: «La emisión de estas tarjetas tiene que ver con una actitud primitiva y depredadora». Dilapidaron 15,2 millones de euros. Sin control. Sin pagar a Hacienda. En plena crisis. Corrupción transversal. De izquierda a derecha. Del PP, del PSOE y de IU. Sindicalistas y empresarios. No eran consejeros, eran depredadores.

Como le decía Sánchez Barcoj a Blesa: «Disfrutemos por si algún día llegan las vacas flacas». Y tanto.