Unesco confirma que la delegación colombiana ante el organismo internacional ha anunciado por escrito que no acudirá a la reunión sobre el proyecto del San José de mañana en París. Había sido invitado con el fin de que escuche los argumentos científicos que convierten el proyecto del galeón patrocinado por el presidente Juan Manuel Santos en una operación destructiva con el patrimonio. A pesar de que la Procuraduría General de Colombia había solicitado a Santos que la ministra de Cultura Mariana Garcés acudiera a la reunión para escuchar las advertencias de representantes de la comunidad científica internacional, la noticia ha causado gran decepción. En la comunidad internacional, según fuentes conocedoras del debate, se acepta cada vez más claramente el diagnóstico de que a Colombia “más le valdría buscar respuestas que esconderse”.
El Ministerio de Cultura colombiano ha ampliado el plazo de la licitación del polémico proyecto para el Galeón San José que se cerraba hoy. El nuevo plazo concluirá el 25 de mayo a las 17:00 hora de Colombia. Fuentes periodísticas confirmaban ayer que todavía no se ha presentado ni una sola alternativa a la licitación, un contrato de más de 60 millones de dólares que ha sido diseñado, planificado y efectuado por los técnicos de Maritime Archaeology Consultants y el Ministerio de Cultura, que han estado trabajando más de dos años bajo el secreto de Estado que permite la Asociación Público Privada (APP). El aumento del plazo es, según el Ministerio de Cultura, a petición de un tercero. Parecía poco probable que ninguna otra empresa pudiera superar el plazo dado inicialmente desde la publicación del contrato, apenas un mes, ni igualar la influencia política que la APP ha permitido adquirir a la empresa británica elegida por el Gobierno de Juan Manuel Santos. Todo ello se traducía en una concurrencia en difícil igualdad sobre la que se proyecta una sombra de inseguridad jurídica enorme.
No obstante, la decisión de aumentar el plazo coincide con la noticia de que la Procuraduría General de la Nación (órgano de control autónomo que se encarga de investigar, sancionar, intervenir y prevenir las irregularidades cometidas por los gobernantes, los funcionarios públicos, los particulares que ejercen funciones públicas y las agencias del Estado colombiano) ha expresado al presidente Santos su convicción de que la APP no cumple con la ley de Colombia. El propio procurador general, Fernando Carrillo, ha pedido al presidente que tenga en cuenta las advertencias de la Unesco y la comunidad científica que desde 2015 viene alertando contra el carácter destructivo para el patrimonio de un proyecto en el que se han visto envueltos desde el inicio conocidos cazatesoros, como ha dejado demostrado ABC.
Según ha confirmado Espejo de Navegantes en el órgano de control público, “la Procuraduría no encuentra que el proyecto y la APP estén blindados jurídicamente”, lo cual se interpreta como como que a los ojos de la instancia oficial que vela por la vida pública en Colombia todo lo sucedido alrededor del empeño presidencial de dar forma a la excavación comercial del galeón hundido en 1708 “no es completamente legal”.
Por todo ello, la Procuraduría había pedido a Santos que la ministra de Cultura acudiera a la reunión del Cuerpo Consultivo y Técnico de la Comisión para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de la Unesco, con el fin de tener conocimiento de primera mano de los argumentos que desaconsejan seguir adelante. No obstante las dificultades, hasta ahora la ministra Mariana Garcés ha sido impermeable a cualquier crítica al encargo de Santos de cambiar la ley de Patrimonio en 2013 y poner en pie la APP. Incluso se pidió la revocación del nombramiento del director del ICAHN, Ernesto Montenegro, que también ha sido obviada.
En la más influyente emisora de Colombia, La W, el arqueólogo español Xavier Nieto, miembro del Consejo Consultivo y Técnico de la Unesco, ha sido entrevistado en el matinal que dirige Julio Sánchez Cristo, en un intenso debate radiofónico en el que vuelven a sonar los argumentos de la comunidad científica internacional que rechaza la destrucción y venta de los objetos del San José, una pérdida irreparable para los colombianos y para todo el múndo hispánico. De acuerdo con las investigaciones publicadas en ABC los beneficios de la venta de ese patrimonio acabarán en cuentas de las Islas Caimán, desde las que se controla la empresa “originadora”. Escuchen la entrevista de esta mañana en la radio colombiana:
Entre las contradicciones de la versión oficial destaca el hecho de que Santos habló de un misterioso apasionado por los naufragios que había encontrado un documento que dio inicio a la búsqueda, cuando lo cierto es que desde 2013 y 2014 había ya intensos contactos con empresas y que ya en enero de 2015 la ministra Garcés tenía una propuesta sobre la mesa para buscar el galeón.
Otra gran contradicción la dibujan las palabras de santos en Cartagena en una de las presentaciones del proyecto, cuando dijo : “El sitio arqueológico del galeón San José le podrá contar al mundo sobre la historia económica, social y cultural de su época. Las preguntas que nos hacemos sobre la navegación, sobre el comercio mundial, sobre los costos del colonialismo, encontrarán respuesta después de esta investigación”. Lo curioso y triste del caso es que ahora todo lo que se venda de galeón (hasta un 80% del galeón será susceptible de venta) acabará en manos de una empresa que se controla desde uno de los últimos territorios coloniales británicos.
Por otro lado la gran contradicción estriba en que a los cazatesoros se les otorgará el oro y la plata de las monedas y lingotes al peso, cuando ello lo van a comercializar de modo patrimonial. De hecho, uno de los más cercanos colaboradores de Santos en este proyecto, Herman (o Germán) Moro, puesto que de los dos modos se le conoce, certifica monedas para subastas, monedas españolas que se venden por más de mil dólares, cuando el peso de la plata que representa esa moneda daría como resultado un precio nimio. He ahí otro rasgo dudoso de la operación. Un peso fuerte pesa 27,468 gramos (ni siquiera es plata pura) y a un precio por gramo de 0.47€, supone que el contrato sanciona que cada peso fuerte el Estado Colombiano lo entregaría a 12,9 euros a la empresa cazatesoros, que podría venderlo por mil, como se ve en el caso de las monedas certificadas por el asesor presidencial Herman Moro.
Según el punto 3.3 del contrato de licitación, para los efectos de la compensación a la empresa (en la cuenta de bienes no patrimoniales) «en el caso de metales, el perito deberá determinar el peso teniendo en cuenta únicamente los siguientes criterios: composición (material) y calidad (pureza)». El perito no debe tener en cuenta otros parámetros. Es decir, que se les pagará con monedas y lingotes cuantificados al peso. Entran más para lograr la misma cifra, porque está claro que no es lo mismo vender monedas y lingotes del XVIII al peso que por su valor patrimonial.
En el caso de piedras preciosas o perlas, sí hay alguna complejidad más en la valoración, pues «el perito determinará el valor comercial teniendo en cuenta sus calidades intrínsecas y haciendo uso de las metodologías propias de la gomología». El perito entregará su informe y se realizará el cálculo oficial que figurará en un Acta.
Estos contratos de la APP colombiana son más ventajosos para los cazatesoros que los que Mel Fisher firmó con el Estado de Florida, en la época dorada de los cazatesoros, recuerda el abogado José María Lancho.
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