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La inmunidad soberana podría decidir la supremacía aérea de la próxima década.

José María Lancho el

Mientras la Convención UNESCO 2001 sigue sin aplicarse ni en la misma Europa (véase el caso de buques históricos de guerra españoles en Italia o Francia), actualmente la única herramienta jurídica que ha servido eficazmente frente a los cazatesoros es la aplicación de la inmunidad soberana sobre los restos de esos buques.

Ese principio, al que parte del mundo académico español e incluso norteamericano, cuestionan obsesivamente, podría resultar decisivo para que Estados Unidos preserve su actual ventaja tecnológica aeronaval.

Hace unos días (el martes 9 Abril, a las 19:29 locales) se estrelló en el mar del Japón a más de 70 millas de la localidad de Misawa  un F-35A perteneciente a la 302 Escuadrón de la Fuerza de Defensa Aérea Japonesa.

Imagen de un F-35

Inmediatamente después, una carrera por la pesca de esa pastilla de tecnología ultrasecreta, ha movilizado a las marinas de varias potencias locales, que para más pistas diremos que en una se habla chino y en otra se habla ruso, además de las Armadas norteamericana (al menos el destructor de la clase Arleigh-Burke, USS Stethem)  y la japonesa que sostienen que esa aeronave goza de inmunidad soberana. De momento, aunque los partes oficiales se han adelantado afirmando que el elemento integrador fundamental del aparato son sus millones de líneas de código de software y que sería extremadamente difícil realizar una ingeniería inversa del avión sólo mediante la recuperación de algunos restos y piezas rotas del fondo del océano, la búsqueda del F-35ª es frenética.

Estados Unidos viene teniendo problemas con el reconocimiento del principio de inmunidad soberana respecto de los pecios de sus buques y aeronaves de guerra.  El caso del drone subacuático rescatado en diciembre de 2016 por la Armada china y devuelto a los norteamericanos cuando ese país decidió que ya no tenía nada más que extraer de su tecnología, es un ejemplo pero no único de la creciente amenaza sobre el principio de inmunidad soberana. Sin embargo, resulta sorprendente que desde las propias universidades estadounidenses se esté apostando por el recorte efectivo de este principio de derecho consuetudinario del mar.

Buque desde el que se operaba el dron naufragado

Esto nos obliga a mirar el estado de un contencioso objeto de examen por todo el mundo, el de otro buque de guerra, español, el galeón San José en aguas de Colombia. Sobre este buque hundido en acción de guerra una alianza de “notables” colombianos (y si no los consideran así, pregúnteles a ellos mismos) y un consorcio financiero británico de socios históricos de Odyssey Marine, bajo una trama societaria que ya se desmontó desde estas páginas, han decidido hacer estallar el principio de inmunidad soberana en aguas americanas. De momento, esta gente tan lúcida ha conseguido que dos Universidades, la del Externado en Colombia y la Texas A&M University estén interesadas en asociarse en el proyecto. Lo más insensato de este posible precedente es que se logre precisamente gracias a una universidad norteamericana, que con su respaldo, consiga crear un caso formidable para desmontar el principio de inmunidad soberana que se otorga a los buques de guerra con el pretexto de que sean históricos. Me consta que el experimento, que no desagrada a UNESCO, puede degenerar pronto en la categoría de profecía. Un aporte sin duda muy “oportuno” al derecho y a la seguridad de los océanos, recordemos que al menos 9 pecios de submarinos nucleares dependen precisamente del alcance y virtualidad jurídica que se de internacionalmente al principio de inmunidad soberana.

Puede parecer que al escribir esto pretenda despertar de una feliz ingenuidad a alguna gente bien intencionada, pero ya hemos visto que los intereses industriales tras la explotación del San José no dudaron en reclutar a académicos colombianos como Carlos del Cairo (Universidad del Externado), quienes no obstante mantuvieron muy en secreto esta colaboración remunerada en tiempos en que estaba claro y bien escrito que el proyecto supondría la destrucción y comercialización del yacimiento. Los intereses que asoman sobre el horizonte son claramente políticos -no sólo industriales- y ajenos a la mejor protección del patrimonio subacuático.  El alto contenido político que revelan comprobamos que no lo es sólo porque estén metidos políticos en él.

Hoy lloramos por la catedral de Notre Dame y sus más de 8 siglos de historia consumida por las llamas, pero como dice Luis Español, “quién llora por la “catedral” del patrimonio subacuático español saqueado y destruido?” ininterrumpidamente durante generaciones. Ahora, en el combate por sus últimos restos, se pretende además arrebatarle su principal herramienta de protección legal: la inmunidad soberana.

 

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