El Gobierno de Colombia trata de dar un golpe de timón al venenoso asunto del galeón San José, cuyo tesoro iba a vender el expresidente Juan Manuel Santos a la compañía contratada por él para la extracción, Maritime Archaeology Consultants Switzerland (MACS). La actual vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, aseguró en una rueda de prensa que el gobierno de Iván Duque ha decidido que no se pagará el rescate del galeón con las propias piezas del tesoro y ha adelantado el plan del Gobierno para pedir al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural declarar al galeón patrimonio cultural en su integridad.
Todo esto, tan serio para el patrimonio, tiene un punto de teatro, porque ese Consejo Nacional de Patrimonio es la misma instancia que a Santos le santificó sus planes crematísticos de utilizar el patrimonio para pagar a los cazatesoros en su día. Dicho esto, la vicepresidenta y la ministra de Cultura, Carmen Inés Vásquez, criticaron las condiciones de contratación del anterior Gobierno, que se pagarían «principalmente con piezas rescatadas del mismo galeón siempre que no fueren declaradas como Patrimonio Cultural de la Nación». Hasta un 50% del contenido del yacimiento, buque de Estado español y por tanto cementerio de guerra en el que perecieron 600 marinos españoles en 1708.
Es parte del teatro político colombiano el hecho de que se critique esa contratación y se mantenga a la empresa MACS, la «originadora» del proyecto, como único licitador todavía, a pesar del cambio que se produce al declarar patrimonio indivisible (e invendible) todo el contenido del yacimiento. Aquella fórmula de pago parece ahora «inaceptable», porque «todas y cada una de las piezas que se rescaten son de enorme e incomparable valor cultural e histórico para Colombia y para el mundo», dijo la vicepresidenta, que no dudó en utilizar ribetes nacionalistas: «Es de los colombianos, por lo que su rescate solo debe beneficiar a la historia de la humanidad y su rescate debe ser un aporte para el conocimiento y la cultura». El texto oficial decía en este sentido que “¡El Galeón San José es único e indivisible! En él reposa una parte importante y valiosa de nuestra historia y de nuestra trayectoria cultural. Allí en las profundidades del mar no hay solo un montón de cañones, vasijas y joyas ni un puñado de monedas. Allí está una parte de nuestra historia y de la trayectoria del nuevo mundo y jamás debe ser despresada.”
Las autoridades emplearon la ley invocada en defensa de esta idea de patrimonio que, para cumplirse, precisa un proyecto científico de investigación, algo que la empresa de cazatesoros no podrá ofrecer en ningun caso. El proyecto de MACS nació para el reparto, nunca fue un proyecto de investigación arqueológica. Pero ayer la vicepresidenta y la ministra salvaron la imagen de «la firma especializada [porque] insistió al gobierno de Santos que se buscara una fórmula diferente al pago en especie, pero el Ejecutivo insistió en ello», según lamentó. Quien haya leído los proyectos iniciales de Roger Dooley verá que en el horizonte de MACS solo había un reparto. Algo que consagraba el contrato de la APP negociado durante dos años por MACS y el Gobierno de Santos. Por otra parte, en comunicaciones de la exministra de Cultura Mariana Garcés quedó demostrado que el cierre de contrato antes de la salida del poder de Santos era parte de los acuerdos con los cazatesoros.
Entre tanto, España celebra que el horizonte del galeón ya no sea la venta y dispersión. En próximas fechas, los ministros Borrell y Guirao visitarán Colombia y tendrán una oportunidad única de cambiar al fin la pasividad mostrada por el Gobierno durante seis años por alternativas inteligentes para un proyecto científico en cooperación.
El comunicado concluía que “la decisión que hoy se toma no es solo sobre el Galeón San José. Hoy estamos fijando las bases de una política pública clara frente al patrimonio Cultural sumergido” No se descarta por tanto que Colombia haga cumplir los estándares del anexo de la Convención Unesco 2001 que es el único referente legal internacionalmente válido para proteger el patrimonio.
La única incertidumbre es la decisión de “discutir las alternativas legales” a partir de ahora. Al denunciar como inaceptable el contrato de la APP pero mantener a la empresa que pretendía financiar las operaciones con parte del tesoro del galeón, Colombia cae en una contradicción temporalmente, mientras el Consejo de Patrimonio ratifica esta política y se negocia con MACS las salidas posibles. Puede ser que ante la imposibilidad de la venta MACS decidiera salir del trato, lo cual sería una buena noticia para el patrimonio, dada la oscura financiación de la que surgió esta compañía, relacionada con paraísos fiscales y personas afectadas por fraudes juzgados en Gran Bretaña.
En los planes iniciados por Santos a MACS se le pagaban los gastos con el tesoro y también la materia extraída con un 50% de las monedas y lingotes que recibieran el título de “no patrimonio”. Al impedirse la venta de materiales arqueológicos, el monto de las operaciones será mucho menor y MACS, que estaba por el negocio y que iba a cobrar con Santos con metal al peso, es decir, mucha más cantidad que si se valorase por su presencia en el galeón, podría ver que este proyecto no es rentable en las nuevas condiciones impuestas por el Gobierno de Iván Duque. En este sentido, la negociación va a ser esencial durante las próximas semanas.
Se calcula que MACS ha invertido ya unos 8.000 millones de pesos colombianos (unos 2 millones de euros), lejos aún de los 60 o 70 iniciales que pensaban lograr con toda la extracción del tesoro del San José, en tan solo 180 días por contrato, a razón de 55.555 objetos por día. Este dato muestra una vez más que ese proyecto no era arqueológico, sino una excavación “minera” a toda prisa.
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