El día después

La farsa del debate parlamentario sobre la prohibición de las corridas de toros en Cataluña esta a punto de consumarse. Tardaremos un mes hasta que los diputados autonómicos decidan levantar el dedo pulgar para salvar la Fiesta o señalar el suelo para decir que democráticamente todo se ha acabado. Pues tenemos un mes para desenmascarar la hipocresía de los políticos catalanes que pueden prohibir un espectáculo que únicamente se celebra en Barcelona apenas dos decenas de veces al año sin importales tener que pagar por ello una millonada en indemnizaciones.
Hace unos meses el diputado paladín taurino del PSC, David Pérez, ya anunció que las indemnizaciones podrían alcanzar los 300 millones. Hace unos días el apoderado de José Tomás, Salvador Boix, aseguraba en un revelador artículo que esa cantidad será la que pida la empresa Balañá, propietaria de la Monumental, por prohibirle seguir con el negocio. Además habrá que sumar la de todos los trabajadores de la plaza, la de toreros que pudieran tener contratos firmados con la empresa del coso barcelonés…, en fin, ¡qué caro va salir prohibir la libertad!
Estamos en crisis, la semana pasada el president Montilla, ese cordobés que puede firmar la abolición de una de sus señales de identidad, subía dos puntos el IRPF de los catalanes con rentas más altas. Una medida que recaudará 75 millones de euros. Una ojeada a una y otra cifra nos da idea de la sinrazón en que se ha convertido todo este debate. ¿Democrático? Vamos. ¿A cuántos catalanes tendrá que subir los impuestos Montilla para conjugar las indemnizaciones por la prohibición de los toros? ¿Explicará además los impuestos que se dejarán de ingresar?
En todo este proceso CiU tiene su culpa, hasta puede que sea quien tenga en su mano dar el puntillazo definitivo a un toro al que comenzó a martirizar hace más de dos décadas, y eso sí que es maltrato. Pero las culpas de los convergentes a vista de los aficionados no serán menos que las del resto de los componentes de la Cámara catalana. La pasada semana representantes de los aficionados -Plataforma para la Defensa de la Fiesta y Federación de Entidades Taurinas de Cataluña- hablaron del día después, de las acciones a tomar si se vota a favor del fin de los toros, de llevar la prohibición al Tribunal Constitucional. Perfecto, es lo menos que puede plantearse, pero en ese momento faltó el paso p´alante de populares y socialistas. Personalmente hubiera agradecido que, por ejemplo, Rafael Luna, anunciara que una Comunidad como Castilla y León, gobernada por el PP, se personara ante el TC por ir contra sus intereses ganaderos. O que, por ejemplo, David Pérez hubiese hecho lo mismo con Andalucía, o que los dos exigieran a sus respectivos partidos que cincuenta diputados nacionales se planten ante el citado tribunal. De momento, nada; sólo ese movimiento subterráneo que se cuece en la red de un bloqueo hacia Cataluña, hacia sus productos como ocurrió con el boicot al cava. Sería la peor solución, repudiable de todo punto, porque ni los aficionados tienen que ser proscritos ni los catalanes pagar por ello.