En los últimos días estamos asistiendo a una fuga continua de grandes empresas de Cataluña a otros lugares de España en busca de seguridad jurídica: CaixaBank, Sabadell, Gas Natural, Cola Cao, Bimbo, Axa, y así hasta un listado de casi 40 grandes compañías. Pero no son solo las grandes. Según publicamos en ABC, en el registro mercantil entre el lunes y el martes 389 sociedades pidieron el cambio de sede social a otros lugares de España, y la sangría no acabará ahí. Por mucho que el Govern en Cataluña y los políticos de Podemos en Madrid quieran restarle importancia a esta situación, estas salidas son el golpe más duro que podía sufrir el procés. Ya no son son los periodistas o los economistas de Madrid quienes advierten de los riesgos de una Cataluña independiente, es la cruda realidad.
Los ciudadanos catalanes están comprobando en sus propias carnes, y lo harán de una forma más cruel en los próximos meses, en forma de destrucción de empleo, que esa Arcadia feliz que les pintaron era simple y llanamente mentira. El cambio de sede social y el cambio de sede fiscal supone, ya para empezar, que una Cataluña independiente no contaría con los miles de millones que estas empresas pagan por Impuesto de Sociedades. Esto supone, para empezar, que el Govern contará con al menos 2.000 millones menos en recaudación, una recaudación que tendrían que conseguir subiendo otros impuestos, o subiendo el de Sociedades a las pocas que decidan quedarse.
Pero ese es casi el menor de sus problemas. Tras el cambio de sede, si no se vuelve a la legalidad y se normaliza la situación, vendrá también la deslocalización de la industria y eso sí supone la destrucción de empleo. Además, la imagen tan nefasta que está lanzando Cataluña en el mundo con gobierno que no respeta la legalidad vigente es la peor que se puede dar a la hora de atraer inversiones. Nadie va a invertir un duro en Cataluña hasta que no tenga claro que hay un gobierno estable y que no va a haber independencia, o no se va a volver a plantear, pactada o no pactada. En Quebec hubo un referéndum pactado y el 30% de sus empresas se marcharon y nunca volvieron. Y creánme, que pasará el tiempo antes de que los cientos de compañías que están saliendo de Cataluña vuelvan.
Esta cruda realidad es una gran oportunidad para que el Gobierno de la nación y los partidos constitucionalistas que lo apoyan acaben de una vez por todas con el procés. Deben convencer a los ciudadanos catalanes de la ruina que supondría para ellos, y que ya está suponiendo una posible República Catalana independiente. Y junto al mensaje económico, los políticos deben crear un relato tan atrayente o más que el nacionalista. Y la manifestación del pasado domingo se lo puso en bandeja. Frente al nacionalismo que crea muros y fronteras, la unidad de todos los españoles para sacar a Cataluña y al conjunto de España adelante. Frente al yo soy mejor que tú, y más que tú y por eso no puedo sentarme a negociar en la misma mesa que otras comunidades, el yo soy igual y tan bueno como tú y eso es lo que nos hace fuertes; frente al egoísmo y el no querer contribuir a la solidaridad entre regiones, defender la aportación de las más ricas a las más pobres, porque al final, de eso, nos beneficiamos todos, también las regiones ricas; y frente a los gastos millonarios en subvencionar el independentismo, la rebaja de impuestos o la supresión de peajes.
Y por todo esto tengo esperanza y creo que este baño de realidad puede suponer el principio del fin del procés, siempre y cuando a estos políticos nuestros no se les ocurra dar una patada hacia adelante al problema, premiar a Cataluña con más competencias discriminando al resto de regiones y hacerles creer de nuevo que son más que los demás. Quizás ha llegado el momento de hacer precisamente lo contrario: recuperar poco a poco la educación para evitar el adoctrinamiento que estamos viendo en Cataluña; recuperar la seguridad para evitar el bochorno de ver a la policía autonómica desobedecer a los jueces, y recuperar, ni más ni menos, la sensatez. Probablemente estoy pidiendo demasiado.
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