Lo peor que les puede pasar a los venezolanos es que le quiten su arepa (tortilla de maíz) y la cerveza. Estos dos productos que forman parte de su identidad socio cultural están en la cuerda floja a punto de desaparecer por las medidas locas y absurdas que está tomando el régimen chavista.
El gobierno de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello grabó ilegalmente una conversación privada que sostuvo el presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, con el ex ministro Ricardo Hausmann y lo amenaza con llevarlo a prisión por presunta “traición a la patria y conspiración” por hablar del Fondo Monetario Internacional.
Empresas Polar es la mayor industria de alimentos y bebidas en Venezuela. Abastece el 45% del mercado nacional y aporta el 3% del PIB. Sus marcas más emblemáticas son la Harina PAN con la que se hacen las arepas y la cerveza Polar, que en las últimas semanas ya desapareció del comercio por la escasez de insumos para su fabricación.
No es la primera vez que el régimen graba las conversaciones privadas y persigue a la disidencia. El espionaje gira alrededor de los dirigentes empresariales, políticos opositores, militares, abogados, periodistas y editores de medios de comunicación, gracias al asesoramiento del veterano G2 cubano.
El problema no es que el régimen pinche los teléfonos sino que divulgue y manipule las conversaciones de los opositores para aniquilarlos, sometiéndolos al escarnio público como es el caso de Mendoza y antes de la ex diputada María Corina Machado, entre otros.
En opinión de juristas el gobierno venezolano comete un delito al grabar y divulgar una llamada privada. Lo afirma Cecilia Sosa Gómez, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia. También el abogado Gustavo Briceño, quien señala que es “grave grabar conversaciones sin la autorización de un juez y eso sí es un delito y penado por las leyes y códigos penales”.
Detrás de la intención de enjuiciar a Mendoza estaría el plan chavista de apoderarse de Empresas Polar por la vía de la expropiación, dicen analistas políticos. Pero Lorenzo no está interesado en venderla. El gobierno no podría expropiarla sin su consentimiento porque su capital es internacional.
Si prospera el plan diabólico de ponerle las manos chavistas a Empresas Polar se paralizaría entonces la producción de Harina PAN y desaparecería la arepa de la mesa de los venezolanos. Más de 30.000 trabajadores se quedarían en la calle, sin contar con el aumento del descontento social que generaría en vísperas de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Y ni hablar de la cervecita Polar que ya está ausente en las fiestas de los sectores populares.
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