Me refiero a que está entrando en su fase final el juicio que se sigue ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra los independentistas que presuntamente han vulnerado gravemente la Constitución. Tras una instrucción que, por lo que trascendió en su momento a la prensa, ha de considerarse impecable por el Magistrado Pablo Llarena y que llevó a cabo, seguramente, con la sensación de desamparo del que sufre individualmente la presión del contrapoder contra el que se enfrenta (el independentismo catalán), han ido sucediéndose las distintas fases del proceso oral ante la citada Sala del Tribunal Supremo.
Los que presten algo de atención a los medios de comunicación tienen que estar relativamente tranquilos a la vista de cómo se ha desarrollado el juicio. A mi modo de ver, la actuación de los fiscales ha sido sobresaliente. Sin dejar resquicio alguno para la demagogia fueron unos competentes y valerosos defensores de la Ley: en la fase probatoria interrogaron a los acusados y a los testigos con extraordinario rigor jurídico y centrados en la cuestión sin regodearse en la cuestión política que una y otra vez los abogados defensores hacían planear sobre la causa. Y en estos momentos han iniciado el trámite de conclusiones guiados por el único interés de hacer que se cumplan La Constitución y la Leyes.
Debe alabarse, asimismo, la manera en la que el Presidente de la Sala, el magistrado Manuel Marchena, dirigió el juicio con imparcialidad, respetando escrupulosamente el derecho de defensa pero sin ceder a las constantes intentonas demagógicas de los acusados de convertir el proceso penal en un juicio político mediático.
Dentro de poco, una vez que se declare el juicio visto para sentencia los magistrados de la Sala deberán valorar las pruebas practicadas y los escritos de acusación, defensa y conclusiones de las partes. A pesar de que todos vimos lo que hicieron los acusados y de la claridad de los preceptos constitucionales que se señalan como infringidos por aquellos, no les va a ser fácil a los magistrados de la sala elaborar la sentencia que ponga fin al proceso. Por mi parte, como ferviente defensor de la Constitución les deseo el mayor de los éxitos en su difícil cometido y que dicten una sentencia que sirva de ejemplo en el sentido de que no se exceda en la aplicación de la ley, pero que tampoco se quede corta: que llegue hasta donde deba llegar a la hora de subsumir los hechos probados en los tipos penales invocados.
En los convulsos tiempos que nos están tocando vivir últimamente, no sería sincero si no dijese que de los tres poderes constitucionales del Estado español, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, solamente éste último ha estado hasta ahora a la altura de lo que puede exigir la ciudadanía. Confiemos en que la esperada sentencia del juicio por el “procés” no defraude las legítimas expectativas que ha levantado y que confirme que a pesar de las erosiones que sufren los otros dos poderes del Estado podemos seguir confiando, al menos, en el Poder Judicial.
Política José Manuel Otero Lastresel