Tengo para mí que no serán pocos los ciudadanos interesados en la política que no salgan de su asombro ante la claridad y firmeza de la Junta Electoral Central, a diferencia de la inacción del Gobierno, en relación con ciertas prácticas propagandísticas de los independentistas catalanes. En efecto, hace unos días la Junta Electoral Central requirió a las autoridades autonómicas y municipales de Cataluña para que retiraran los lazos amarillos y demás leyendas partidistas favorables a los secesionistas. Hoy la agradable noticia es que dicha Junta ordenó a TV3 y a Catalunya Ràdio que dejaran de usar los términos “exilio” y “presos políticos”, así como que compensaran a los partidos constitucionalistas con 2 horas de cobertura.
El desconcierto ante esta diferente actuación del Gobierno y la Junta Electoral Central se suaviza si se tiene en cuenta que la Junta Electoral no participa en el proceso electoral, no busca desesperadamente los votos de los ciudadanos, sino que es el órgano superior de la Administración Electoral, cuya misión es velar por la transparencia y objetividad del proceso electoral.
Conviene subrayar que la firmeza de la Junta Electoral en la defensa de sus criterios y actuaciones se debe, en buena parte, a su propia composición. En efecto, además de que el presidente y el vicepresidente son magistrados del Tribunal Supremo, hay ocho vocales que son también magistrados del citado alto Tribunal, otros cinco vocales que son catedráticos de Universidad, y se completa la composición de la Junta con el Secretario que es letrado de las Cortes.
Es decir, profesionales de la más alta cualificación, que conocen perfectamente sus obligaciones y que no son propicios a los enjuagues del juego político, porque que están obligados a decidir conforme a la Ley y a hacer cumplir sus resoluciones. Lo extraño es que, al menos a mí, me admire la decidida y enérgica actuación del citado órgano electoral. Lo cual obedece tanto a la impecable actuación de la Junta Electoral en temas vidriosos como son todos los que tienen que ver con los independentistas, como al contraste que refleja su funcionamiento con el “calculadamente electoralista” del Gobierno que no deja de pensar que seguramente necesitará los votos de los independentistas para seguir en La Moncloa. Y, por si es el caso, no conviene contrariarlos, aunque vulneren la legislación electoral.
Y que conste que no estoy pidiendo que el Gobierno invada competencias que no tiene. Lo único que reclamo es que el Gobierno respalde públicamente la impecable actuación de la Junta Electoral Central en esas cuestiones espinosas. De ese modo, la Junta no sentiría seguramente la soledad del que tiene que aplicar la ley.
Política José Manuel Otero Lastresel