La Conferencia Episcopal acaba de pronunciarse sobre los indultos. Y ha seguido la estela de los obispos catalanes.
En efecto, al igual que éstos, la Conferencia aboga por “el diálogo” desde “el respeto al ordenamiento jurídico” que España se ha dado “a través de la Constitución y del estatuto de autonomía”. Y justifican esta postura aduciendo que están a favor de que no haya posturas inamovibles y de que se genere un clima de amistad civil y de fraternidad que haga posible abordar un asunto que ha ido creciendo y está cada vez más enquistado hasta hacerse un problema en el interior de la sociedad catalana y en el conjunto de España”.
Los deseos de la Conferencia Episcopal son encomiables pero todo parece indicar que son imposibles de alcanzar. Las posturas de las que parten los bloques dialogantes son diferentes: unos, dicen que los marcos son la Constitución y las leyes; y los otros, ponen sobre la mesa propuestas que no están en la Constitución, como la amnistía y el derecho de autodeterminación.
Da la impresión, por tanto, que las partes negociadoras han iniciado caminos paralelos y, en consecuencia, que es imposible que alcancen un punto común de encuentro. Y si esto es así y nadie cede será imposible que se logre resolver el problema enquistado.
Eso sí, las dos posturas, si nos atenemos al marco en el que debe producirse el encuentro, no son iguales. Una de las posiciones está con la Constitución a favor y la otra al margen de la Carta Magna
¿Quien debería ceder? Si de verdad se defiende que el marco es la Constitución, la respuesta es clara. Pero la otra parte es la que parece que se niega ceder. Por eso, aunque los deseos son buenos y dignos de aplauso, la posibilidad de alcanzar un acuerdo negociado son prácticamente nulas. Hay, además, una circunstancia negativa que gravita sobre la cuestión. Y es que la parte que pretende no salirse de la Constitución y que parece que es la que tiene la postura más fuerte, depende en mayor medida de la otra parte que es teóricamente más débil. Y lo que es peor no deja de hacer patente esta debilidad porque cede constante a las pretensiones de la minoría.
Lo malo es que mostrar debilidad no parece la mejor actitud para poner en marcha los tratos que deben desembocar en el pacto. La sensación de endeblez inherente en la propia necesidad de alcanzar el pacto por uno de los negociadores produce en el otro el consiguiente aumento de su arrogancia. Y desde esta posición altanera que se deja alcanzar al contrario, es mucho más difícil llegar a un acuerdo que no consista en otorgarle todo lo que previamente había exigido.
Dejar al otro negociador que públicamente se crezca en exceso es un inconveniente añadido para lograr el pacto. Por eso, da la impresión que lo fácil es hablar y decir lo que hay que hacer y qué límites deben respetarse. A partir de ahí, empieza lo difícil. No me gustaría que fuera así, pero mis esperanzas de que se resuelva el problema mediante un pacto y en el marco de la Constitución me parece imposible.
Política José Manuel Otero Lastresel