Los independentistas catalanes padecen la anomalía del “negacionismo grupal”: incurren en el acto irracional de negar una realidad empíricamente verificable, aceptando en su lugar una mentira más confortable. Y es tan anómala su postura que, además de llevar a cabo esos actos irracionales, realizan otros que contradicen abiertamente los que acaban de negar.
En efecto, los independentistas catalanes de la CUP acaban de declarar que “en los países catalanes no tenemos Rey”. Lo cual es tan cierto como decir que Cervantes era catalán o que nunca existió el Reino de Aragón, sino que era el Reino de Cataluña.
Pues bien, en clara y manifiesta contradicción con el acto irracional grupal de que “en los países catalanes no tenemos Rey, los grupos parlamentarios de JxCAT, ERC, CATECP, y el subgrupo parlamentario de la CUP-CC presentaron una propuesta de resolución en el Parlamento Catalán por la que se creaba una comisión de investigación sobre la monarquía. Es decir, en los países catalanes no hay monarquía, pero se crea una comisión de investigación sobre la monarquía.
Tal comisión tenía, por objeto, entre otros, investigar las actuaciones de la monarquía destinadas a forzar el traslado del domicilio social de bancos, grandes empresas y multinacionales fuera de Cataluña en los días posteriores al referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017. El Gobierno de la Nación formuló recurso de inconstitucionalidad por entender que el art. 56.3 CE impide la creación de comisiones de investigación parlamentarias sobre el rey.
Pues bien, el Pleno del Tribunal Constitucional en su sentencia 111/2019, de 2 de octubre, estimó el recurso y declaró la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de la resolución 298/XII, de 7 de marzo de 2019, del Parlamento de Cataluña, de creación de la «Comisión de Investigación sobre la Monarquía».
Observe el lector el cacao mental que tienen los independentistas: no tienen monarquía pero su parlamento crea una inconstitucional Comisión de Investigación sobre la actuación de la monarquía a la que culpan de forzar el traslado fuera de Cataluña de los domicilios sociales de bancos, grandes empresas y multinacionales tras el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017.
Su “negacionismo grupal” es tan virulento que parece haberse convertido en una epidemia de tanta gravedad que no se les ocurre enlazar en relación de causa-efecto el referéndum de autodeterminación con la fuga de empresas, sino que todo es una maquinación de una monarquía que no tienen en Cataluña. ¡Esperpéntico! ¡Dejarse guiar por políticos de esta talla es para sentirse avergonzado!
Política José Manuel Otero Lastresel