Les pido disculpas porque en la reflexión que sigue prevalece la indignación que siento por la utilización partidista de algo tan serio como la Justicia sobre el sosiego con el que debería valorar una cuestión que tiene un tufo puramente político. Me refiero a la “payasada” (acción ridícula o falta de oportunidad. RAE) que ha llevado a cabo una jueza argentina que ha tomado declaración al ex Ministro Rodolfo Martín Villa por estar implicado en un presunto delito de genocidio consistente en doce muertes de ciudadanos argentinos a manos de policías, guardias civiles y grupos de extrema derecha españoles entre 1976 y 1978.
Por “genocidio” se entiende, según el diccionario de la RAE, “Exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad”. Voy a admitir dialécticamente que los autores que especifica la justicia argentina (policía, guardia civil y grupos de extrema derecha) hubieran matado a esos doce ciudadanos argentinos. Pues bien, ¿ tal acción podría ser calificada como un acto de exterminio o una eliminación sistemática que exige el genocidio? Por otra parte, ¿constituyen doce argentinos un “grupo humano” cuya eliminación sistemática daría lugar a un genocidio?
Si desde la óptica puramente gramatical pasamos a la jurídica, conviene recordar que según el articulo 607 de nuestro Código Penal, el delito de genocidio exige “un propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”. Y la pregunta surge por sí sola ¿hay en esas doce muertes supuestamente perpetradas por autores pertenecientes a los grupos indicados “un propósito” de destruir, aunque fuere parcialmente, un grupo nacional, en este caso de “argentinos”?
En mi opinión, desde ninguna de las dos perspectivas contempladas cabe situarse en la óptica del “genocidio”. Razón por la cual, salvo la existencia de fanatismos sospechosos propios de los “justicieros universales” no veo razón alguna para haber admitido a trámite este acto judicial.
Según declaró ayer Rodolfo Martín Villa, la ex Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, de cuya competencia, independencia y honradez no existe la más mínima duda, había decidido rechazar sistemáticamente las peticiones de ese tipo de la Justicia argentina. Por razones incomprensibles (o, tal vez sí) la actual Fiscal General del Estado y anterior Ministra de Justicia, Dolores Delgado, dejó sin efecto la orden firmada, en el sentido reseñado, por Consuelo Madrigal. Y eso fue lo que hizo posible que a sabiendas de que no se daban los requisitos del tipo se perpetrara la indicada “payasada” de tomar declaración a alguien que no debía haber sido citado a tal efecto.
Es una pena que salgan de las instituciones personas tan válidas como Consuelo Madrigal y que las ocupen personas con dudosos méritos, salvo el de su mayor o menor fidelidad a las siglas de un partido.
Política José Manuel Otero Lastresel