Discúlpenme todos aquellos que estén familiarizados con el mundo del Derecho, porque voy a escribir sobre algo que conocen perfectamente. Pero estoy seguro de que hay lectores que no conocen a fondo el funcionamiento de nuestro Estado de Derecho y pueden estar alarmados por lo que ha sucedido esta tarde en la sesión de investidura del nuevo Presidente de la Generalidad de Cataluña. Y como tengo el privilegio de poder expresarme inmediatamente en mi blog lo hago para convencer a los lectores de que todavía no ha llegado el tiempo de tomar medidas para impedir la independencia de esta Comunidad Autónoma de España.
En efecto, estoy seguro de que no serán pocos los lectores que se pregunten que cómo es posible que en una institución del Estado como es el Parlamento de Cataluña se pueda estar hablando tan abiertamente de la declaración unilateral de independencia de esta parte de España y que por toda respuesta nuestro Presidente del Gobierno se limite a comparecer ante los medios anunciando que actuará pero sin haber tomado ya medida alguna.
A todos los que así piensen me permito indicarles que las opiniones manifestadas por los Diputados en el ejercicio de sus funciones gozan de una doble protección: la de la libertad de expresión y la de la inviolabilidad parlamentaria. Es decir, en el ejercicio de su actividad parlamentaria pueden decir lo que quieran, expresarse en los términos que tengan por conveniente por muy ilegales que parezcan, que no se puede actuar jurídicamente contra ellos.
Por eso, sería un error jurídico y político de bulto que el Gobierno de la Nación tomara cualquier medida contra las declaraciones que han hecho hoy en el Parlamento de Cataluña los que se han expresado a favor de la independencia. Razón por lo cual les puedo asegurar que mientras los independentistas catalanes estén en el mundo de las palabras el Gobierno no va a actuar contra ellos.
Cuestión distinta será si se llega a pasar de las palabras a los hechos. Es decir, cuando el nuevo gobierno de Cataluña que resulte de la investidura empiece a proponer al Parlament la adopción de resoluciones que supongan una clara vulneración de la Constitución y las leyes. Si esto llega a suceder, no tengan duda que la reacción del Gobierno de España será inmediata e irá haciendo recaer sobre los responsables todo el peso de la ley. Llegado el caso, todo parece indicar que las medidas de nuestro gobierno en funciones será gradual, desde instar la actuación del Tribunal Constitucional poniendo en funcionamiento sus nuevas funciones ejecutorias hasta otras medidas de mayor alcance como es la aplicación sucesiva del artículo 155 de la Constitución con la retirada progresiva de competencias. Así que, por el momento, tranquilos. Hoy algunos lo han estado pasando estupendamente. Pero verán como si no se detiene el camino hacia la independencia algunos empezarán a pasarlo muy mal.
Otros temas José Manuel Otero Lastresel