Dijo Joseph Goebbels que “una mentira repetida mil veces se convierte en verdad”. Mediante la estrategia de repetir mil veces una mentira, los secesionistas catalanes han preparado una trampa en la que vienen cayendo una y otra vez numerosos políticos y periodistas creadores de opinión. La mentira es equiparar democracia con la voluntad del pueblo catalán. Esta misma mañana Francesc Homs en el programa de Herrera en la COPE volvió a insistir en la relevancia supuestamente legitimadora que tenía lo que había votado el pueblo catalán en las pasadas elecciones del 27 de septiembre.
Pues bien, yo quiero gritar desde aquí bien alto y muy claro, para no entrar en su juego de repetir la indicada mentira, que la Constitución española -única ley en vigor para determinar los perfiles de nuestra democracia- no admite en modo alguno que se equipare democracia a voluntad del pueblo catalán.
Perdónenme que reitere una y otra vez la verdad para que no sea desplazada por la mentira. El Preámbulo de la Constitución dice textualmente: “La Nación española… en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: … Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y las leyes…”. De donde se deduce que no hay convivencia democrática fuera de la Constitución.
A lo anterior se añade inmediatamente en el citado Preámbulo que dicha Nación tiene asimismo la voluntad de “consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular”. Es decir, que el Estado de Derecho que instauró la Constitución española de 1978 se asienta en el imperio de la ley como voluntad popular. Lo cual implica que no cabe Estado de Derecho sin que rija la ley que contenga la voluntad popular.
Sentadas ambas proclamaciones, se determina en el artículo 1 de la Constitución la voluntad popular relevante para nuestro Estado de Derecho y se dispone que es única y exclusivamente la del pueblo español en su conjunto, en el que reside la soberanía nacional y del que emanan los poderes del Estado.
Por si lo que antecede no fuera poco, en el famoso Título VIII de la Constitución lo que se determina es exclusivamente la “organización territorial del Estado”, el cual se organiza –insisto- solo territorialmente en Comunidades Autónomas, en nuestro caso Cataluña, que únicamente tienen autonomía para la gestión de sus propios intereses.
Por lo tanto, Cataluña solo es una de las partes en las que se organiza territorialmente el Estado español y su órgano de representación, el Parlament, de acuerdo con la Constitución carece absolutamente de “voluntad popular democrática legitimadora” independiente y distinta de la voluntad popular del pueblo español. La voluntad del pueblo catalán se integra y se mezcla con las demás voluntades de los distintos pueblos de España hasta originar la única voluntad relevante para nuestro Estado de Derecho democrático que es, como he dicho, la voluntad del pueblo español.
Por tanto, no tiene sentido discutir con los secesionistas si los apoya o no la mayoría del pueblo catalán. Esa discusión no es democrática porque es contraria a la ley y se trata solamente de una trampa que nos han puesto con la esperanza de alcanzar algún día la voluntad mayoritaria del pueblo catalán.
Mientras no se cambie la Constitución, aunque sucediera esto último tampoco habría legitimidad democrática catalana para declarar unilateralmente la independencia. Por eso, reitero que personalmente no solo no caeré en su trampa de repetir mil veces su mentira, sino que insistiré una y mil veces en que la verdad es la que dejo escrita en las líneas que anteceden.
Otros temas José Manuel Otero Lastresel