El Gobierno de Sánchez, tras la reunión con Torra, afirmó que va a “reconstruir lo destruido por Mariano Rajoy”. Lo que va a reconstruir es, en cambio, otra cosa: el Estado Catalán que había ido construyendo la Generalitat con leyes autonómicas que invadían las competencia estatales y que, gracias a los recursos del PP, lo estaba paralizando el Tribunal Constitucional.
Y es que Sánchez se cree tan listo y nos considera a los demás tan tontos que está convencido de que enmascarándolo todo con buenas palabras no nos vamos a enterar de las contrapartidas que sigue pagando a los sediciosos por sus votos para la moción de censura. En efecto, en la apresurada comparecencia de ayer de Carmen Calvo para dar cuenta a la prensa de lo conversado entre Torra y Sánchez la vicepresidente informó, de pasada y sin darle importancia, de que el Gobierno había accedido a retirar ciertos recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el anterior Gobierno que penden ante el TC en materias –dijo Carmen Calvo- de carácter social.
En concreto, la vicepresidente se refirió a los recursos contra leyes del Parlament dictadas en políticas de cambio climático, de sanidad pública, y de pobreza energética. Leyes que es cierto que no está directamente relacionadas con el proceso de independencia, pero que suponen una vulneración de la Constitución porque invaden competencias exclusivas del Estado.
Hasta ahora la Generalitat avanzaba por dos caminos hacia la independencia: leyes autonómicas sobre competencias exclusivas del Estado Central y actos políticos de abierto incumplimiento de la Constitución y del Estatut de Cataluña. Y el Gobierno de Mariano Rajoy taponaba ambos frentes. El primero, recurriendo ante el Tribunal Constitucional todas las leyes catalanas que invadían las competencias estatales; y el segundo, aplicando el artículo 155 de la Constitución y recurriendo también ante el TC todos y cada uno de los actos que perseguían la declaración unilateral de independencia de la república de Cataluña.
A ambas vías se refería la prensa cuando a principios de 2017 se hizo eco de que el Gobierno de Mariano Rajoy en los dos últimos meses había presentado hasta once recursos de inconstitucionalidad contra leyes del Parlament bien por considerar que estaban directamente relacionadas con el proceso separatista bien porque invadían competencias estatales.
Sánchez no podía dar paso alguno en este segundo camino, porque la línea roja de la Constitución es tan clara que se vería al instante que el gobierno de la Nación habría cedido ante los golpistas. Pero sí podía avanzar por el primero, mucho más técnico y, por tanto, con posibilidad de hacerlo de soslayo. Haciendo uso de este entreguista, sinuoso y alevoso camino el Gobierno de Sánchez acaba de comprometerse con Torra -a quien por cierto le consintió llevar el lazo amarillo que supone de algún modo acusar de prevaricación a nuestros tribunales- a retirar los recursos contra las leyes autonómicas en las indicadas materias.
Así que es verdad que Sánchez se está dedicando a “reconstruir lo destruido”. Pero lo destruido no era la convivencia que supuestamente destrozó Rajoy, sino el Estado catalán que estaba construyendo la Generalitat con su constante invasión de competencias estatales. Y es que se creen tan superiores al resto de los españoles que no hay quien los baje de la burra de que Cataluña es una Nación, en espera del Estado que están construyendo con sus leyes autonómicas y con la impagable ayuda de un gobierno débil con un megalómano al frente.
Otros temas José Manuel Otero Lastresel