Hace algunos años, la palabra “sisa” era utilizada con relativa frecuencia para referirse a los pequeños hurtos que se realizaban en la comprar diaria de los que el autor pretendía que no se enterase el “sisado”. No se me ocurre mejor manera de designar la maniobra del Gobierno de crear la Comisión Permanente contra la desinformación en relación con nuestras libertades de información y comunicación. Como es sabido, estas dos libertades fundamentales se reconocen en el artículo 20.1 de la Constitución: en el apartado a) de expresión y en el d) la de comunicación. Aunque no siempre son fácilmente distinguibles, la libertad de expresión tiene un matiz subjetivo y hace referencia a la libertad para comunicar pensamientos, ideas u opiniones por cualquier medio de difusión, mientras que la libertad de información, con un significado objetivo, se refiere a la comunicación de hechos contrastadamente veraces mediante cualquier medio de difusión general.
Desde 1978 hasta nuestros días, no creo exagerar si digo que nuestra vida fue la de unos ciudadanos verdaderamente libres gracias a dichas libertades constitucionales y a la defensa, con las pertinentes limitaciones de las mismas, por los Tribunales de Justicia.
Mas he aquí que, como el coronavirus parece infectarlo todo, también ha alterado, según el Gobierno, nuestra capacidad de información, y nos ha contagiado de una nueva enfermedad moderna que es la “desinformación”. Solo así se entiende que el Ejecutivo se haya visto obligado a dictar la Orden PCM/1030/2020, de 30 de octubre, por la que se publica el Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional.
En esta Orden se dice que el acceso a información veraz y diversa es uno de los pilares que sustentan a las sociedades democráticas y que deben asegurar las instituciones y administraciones públicas, porque se conforma como el instrumento que permite a los ciudadanos formarse una opinión sobre los distintos asuntos políticos y sociales. Y para velar por dicha libertad constitucional la Orden gubernamental crea la “Comisión Permanente contra la desinformación” con objeto asegurar la coordinación interministerial a nivel operacional en el ámbito de la desinformación.
Lo que ocurre es que, siendo cierto el diagnóstico de que hay que preservar las libertades de expresión e información, el remedio para la supuesta e inexistente enfermedad de la “desinformación” ya está previsto en la Constitución. Así, el artículo 53.2 de la CE dice que cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de dichas libertades ante los Tribunales ordinarios y, en su caso, ante el Tribunal Constitucional. No hay mayores ni más independientes garantías para la defensa de esos derechos que la de los Tribunales de Justicia. Por eso, crear “una Comisión Permanente contra la Desinformación” es intercalar un organismo de carácter político y administrativo que, lejos de defender a la ciudadanía contra la desinformación, lo que hace es controlar intencionadamente la información para manipularla al servicio de los oscuros intereses a los que responden esos órganos políticos.
Estamos ante una “sisa” más por parte del Gobierno en el ámbito de nuestras libertades democráticas, como la que perseguía hace bien poco con el control del nombramiento de los miembros del Poder Judicial. Por eso, los ciudadanos que amamos la libertad debemos gritar ¡Basta ya! ¡Dejen de meternos la mano en nuestros derechos fundamentales! ¡Nos costó mucho conseguirlos, los tenemos ejemplarmente garantizados en la Constitución, y no somos ni idiotas ni incapaces para que tengan que “protegernos” de la desinformación! ¿O es que lo que pretenden es hacernos pasar por verdadera una información intencionadamente manipulada al servicio de sus fines totalitarios? Alzo mi voz y mi pluma contra este liberticida intento.
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