Al interpretar el artículo 20 de nuestra Constitución, el Tribunal Constitucional señaló en los primeros años de su entrada en vigor (1981): “además de consagrar el derecho a la libertad de expresión y a comunicar o recibir libremente información veraz, garantiza un interés constitucional: la formación y existencia de una opinión pública libre, garantía que reviste una especial trascendencia ya que, al ser una condición previa y necesaria para el ejercicio inherente al funcionamiento de un sistema democrático, se convierte, a su vez, en uno de los pilares de una sociedad libre y democrática”.
Me adhiero sin reserva alguna a estas palabras que representaban entonces un verdadero desiderátum. Pero, si observamos con atención la información que comunican actualmente los medios de comunicación, hay que preguntarse si se ha conseguido formar una opinión pública verdaderamente “libre”. Y es que el poder político o el empresarial titular de los medios interfieren con tanta intensidad en la información comunicada que la manipulan hasta distorsionarla interesadamente.
Hoy la información es más que nunca un negocio mercantil expuesto a que se aprovechen de él los titulares de medios poco escrupulosos. Así, hay ejemplos de medios de titularidad pública autonómica, financiados por el poder político del lugar, que se dedican a adoctrinar a los televidentes reiterando hasta la saciedad sus tesis políticas. Y en el ámbito privado, la información comunicada sirve a fines tan diversos como venganzas personales, hacer extorsiones a cambio de tratamientos amables, zaherir solamente a políticos de una determinada tendencia, operar como altavoces propagadores de las opiniones de los políticos afines a su ideología, convirtiéndose, en suma, en verdaderos instrumentos de poder con intereses difusos y finalidades antidemocráticas.
La cuestión es importante porque llevamos pocos años de rodaje democrático y, tal vez por eso, ni el poder se resiste a dejar de manejar la opinión pública para tratar de tornarla a su favor, ni ésta es todavía lo suficientemente fuerte como para resistir las enérgicas acometidas de aquél.
Esto es lo que explica que esté proliferando actualmente un modo de hacer información que consiste en convertir interesadamente lo que son simples hipótesis en tesis aparentemente demostradas. En efecto, como es sabido, “hipótesis” significa “suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una consecuencia” y “tesis” “conclusión, proposición que se mantiene con razonamientos”.
Pues bien, hoy en mayor medida que nunca los medios comunican “informaciones” constituidas por simples hipótesis referidas a adversarios políticos, enemigos envidiados o terceros que no han cedido al chantaje del medio en cuestión, haciéndolas pasar intencionadamente como hechos concluyentes ya confirmados.
Es verdad que hay medios que se ajustan, hoy como siempre, a sus códigos éticos y que están embarcados sinceramente en la apasionante tarea de formar una opinión pública libre y democrática. Pero no es menos verdad que hay otros que son manipuladores y que anteponen otras finalidades menos éticas e idealistas a la de satisfacer ese “interés constitucional” de formar una opinión pública libre, del que hablaba en 1981 el Tribunal Constitucional con el lógico entusiasmo de la recién estrenada democracia.
Otros temas José Manuel Otero Lastresel