El pasado miércoles PODEMOS anunció las líneas generales del programa económico con el que va a presentarse a las próximas elecciones generales del 20 de diciembre. Y a diferencia de otras ocasiones en las que hubo cierta ambigüedad, en ésta no solo han precisado su propuesta estrella, la renta básica garantizada, sino que también han cifrado su coste y el modo que piensan utilizar para obtener los fondos necesarios al respecto.
En efecto, PODEMOS ofrece una renta básica garantizada de 600 euros mensuales para las familias que carezcan de ingresos, así como un complemento salarial para todos los trabajadores hasta alcanzar la cifra de 900 euros.
Según PODEMOS, de llevarse a cabo la medida, afectaría a unos siete millones de personas, tendría un coste para el Estado de unos 15.000 millones de euros que se obtendrían a través de una reforma fiscal con la que intentarían recaudar unos 66.000 millones de euros adicionales.
No es fácil formarse criterio sobre la conveniencia o no de la generalización de la renta básica garantizada y la extensión del complemento salarial. La gran mayoría del pueblo español es bondadosa y solidaria por lo cual si dejásemos que hablara el corazón serían muy pocos los que estarían en contra de mejorar el nivel de vida de muchos conciudadanos.
Pero la cuestión es, fundamentalmente, de índole económica y sus repercusiones afectan tanto a nivel personal de los afectados como a la economía general de la Nación.
En el ámbito personal, dice la Constitución que la dignidad de la persona es fundamento del orden político y de la paz social; añade que todos debemos contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con nuestra capacidad económica; y, por eso, establece que todos tenemos el deber de trabajar y el derecho al trabajo.
Pues bien, es muy posible que la medida de la renta básica garantizada se convierta en una especie de “limosna” pública que pueda atentar contra la dignidad de la persona, que vulnere el deber constitucional de trabajar y que desincentive, en consecuencia, la búsqueda de empleo. No desconozco que la renta básica es para los que carecen de ingresos, lo cual supone estar desempleado.
Pero si esto es cierto también lo es que la renta básica generalizada puede contribuir a formar un colectivo de ciudadanos a los que les baste “habitar” para siempre en esa austeridad. Y entonces la pregunta es ¿debe imponérsenos a los demás ciudadanos la obligación de mantener con nuestro trabajo a los que se conforman con percibir para siempre la renta básica generalizada?
Si desde la perspectiva personal pasamos a la general, la Constitución dispone también que el sistema tributario será justo, que se inspirará en los principios de igualdad y progresividad y que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. A lo que hay que añadir que nuestra Carta Magna establece que el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderá a los criterios de eficiencia y economía.
La pregunta que surge entonces es si la renta básica generalizada, que es un gasto público, supone una asignación equitativa de los recursos públicos realizada de acuerdo con los criterios de eficiencia y economía. Tengo muchas dudas. Y creo que son compartidas por algunos expertos, como por ejemplo, Didac Fábregas i Guillem, el cual ha afirmado que “el actual Estado subvencionador tal como lo conocemos debe desaparecer cuanto antes o, de lo contrario, acabará con el Estado del bienestar, precisamente cuando la ciudadanía de nuestro país más lo necesita”.
Otros temas José Manuel Otero Lastresel