En un interesante artículo publicado en La Voz de Galicia de hoy por el catedrático Roberto L. Blanco Valdés, titulado “Juana Rivas, imputada; los rebeldes, de rositas”, el autor, tras recordar que Juana Rivas está siendo investigada por la retención de sus hijos desobedeciendo las resoluciones judiciales, afirma que, sin embargo, “en Cataluña pueden líderes nacionalistas con nombres y apellidos acusar fuera de la cámara autonómica y, por tanto, sin la protección legal de la inviolabilidad parlamentaria, a Felipe VI y a Rajoy de financiar al terrorismo yihadista, tras los brutales ataques del islamismo radical en Barcelona y en Cambrils, sin que jueces y fiscales investiguen de inmediato la presunta comisión de los delitos de injurias o calumnias al jefe del Estado y al presidente del Gobierno”.
La cuestión planteada por Blanco Valdés es muy pertinente porque revela el distinto trato que reciben ante la justicia los particulares y los políticos. Llevo 53 años dedicado al derecho, desde que en octubre de 1964 inicié mis estudios universitarios en Santiago de Compostela. Y no tardé en darme cuenta de que cuando interfiere la política hace tambalear la justicia.
Así sucedía en los años que pasé bajo el régimen franquista en los cuales la arbitrariedad, sobre todo en cuestiones políticas, primaba sobre la ley y la razón. Y ha seguido ocurriendo bajo la actual democracia parlamentaria.
Bien miradas las cosas, debo afirmar, sin embargo, que desde la aprobación de la Constitución la política se ha ido sobreponiendo poco a poco a la justicia, y más en los últimos años que en los primeros. Es como si en los primeros años de la democracia hubiera un temor reverencial al recién instaurado Estado de Derecho y que se creyera de verdad que se iniciaba una época en la que se pretendía instaurar el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular, pero que, una vez bien conocidos los resortes del nuevo poder democrático, las cosas volviesen a ser como siempre: la política imprime tal sello a los hechos jurídicos en los que irrumpe que puede hacer saltar por los aires el principio de que todos somos iguales ante la ley.
La explicación es clara: para los particulares no hay más que la ley, para los políticos, en cambio, a los dictados de la ley hay que añadir otros ingredientes, como los principios de la oportunidad, la conveniencia, la prudencia y la teoría del mal menor, que no están codificados en la ley, sino en el manual sobreentendido del arte de la política.
Esto es, seguramente, lo que impide que no se hayan iniciado acciones penales por la Fiscalía contra los líderes nacionalistas de los que habla en su artículo el profesor Blanco Valdés. La fría ley hace pensar que en dicho caso probablemente haya delito, pero aquéllos principios aconsejan “mirar para otro lado”, ya que por mucho que pueda sorprender las cosas son así: la política está por encima de la justicia.
Otros temas José Manuel Otero Lastresel