Aunque profesionalmente estoy relacionado con el mundo de la justicia, no conozco absolutamente de nada a Manuel Moix: jamás en mi vida he hablado con él. Por eso, las palabras que siguen solo obedecen al deseo de denunciar una nueva actuación deconstructiva de la oposición, la cual para desgastar al PP emplea cualquier medio a su alcance aunque involucre irresponsablemente a una institución del Estado tan relevante como es la Fiscalía Anticorrupción.
Como es sabido, nuestra Constitución asigna al Ministerio Fiscal la importante misión de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. Y añade nuestra Carta Magna que ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica. Es decir, que aun cuando existan discrepancias entre los fiscales habrá siempre una voz única siguiendo el criterio de la dependencia jerárquica.
Pues bien, ¿a qué se debe la actual cacería que ha desatado la oposición en bloque contra el Fiscal Anticorrupción Manuel Moix? Según una fuente excelentemente bien informada, la cuestión tiene que ver con el modo en que se están instruyendo actualmente los sumarios.
Como es sabido, cuando se inicia una causa penal comienzan a practicarse unas diligencias de investigación que son llevadas a cabo por unas unidades policiales especializadas cuya misión es esclarecer los hechos presuntamente delictivos.
Estas unidades policiales solicitan al juzgado de instrucción la práctica de todas aquellas diligencias que consideran convenientes, pero, debido al sistema de garantías constitucionales que rige en nuestro Ordenamiento penal, tales peticiones tienen que ser examinadas por los miembros del poder judicial que intervienen en las instrucciones penales, el juez instructor y el fiscal, los cuales suelen circunscribirlas exclusivamente a los hechos presuntamente delictivos.
Pues bien, en no pocas ocasiones son estas unidades policiales y no los fiscales y jueces los que dirigen de facto estas investigaciones, sobre todo cuando éstos no delimitan con la necesaria precisión las diligencias a practicar. En tales casos, como se investiga “todo” suelen parecer en el sumario, como estamos cansados de ver, cuestiones marginales que no están directamente relacionadas con los hechos presuntamente delictivos.
Cuando en los hechos delictivos no hay implicados políticos, esas cuestiones marginales que aparecen en los sumarios apenas tienen trascendencia mediática. Las cosas son distintas cuando se penetra en el mundo de la corrupción política. En éste, esas cuestiones colindantes llegan a adquirir un relieve especial no tanto por su trascendencia penal cuanto por su valor como arma política. Y es que en la lucha política relacionada con el sórdido mundo de la corrupción, las cosas ya no solo interesan por lo que son, sino por lo que parecen: es el reino de las “sombras de sospecha”.
Esta “atmósfera” sospechosa, aunque puede no afectar a la situación penal del investigado, puede dañarlo políticamente: es un arma de grueso calibre contra el adversario que es apetecida por el oponente en la medida en que ayuda en la lucha por la conquista del poder. Por esta razón, los “sumarios” con esas adherencias pasan a tener valor político siempre que –y esta es la segunda fase- se efectúe la imprescindible labor de filtración por parte de topos políticamente afines o simplemente mercenarios.
Pues bien, como escribió María Peral en El Español del pasado 23 de febrero, Manuel Moix al llegar a la Fiscalía Anticorrupción se propuso como objetivo que los fiscales dirigiesen a la policía y no al revés, con el fin de que las investigaciones sumariales se centrasen en los hechos presuntamente delictivos y se evitasen esas adherencias sombrías tan irrelevantes para el presunto delito como útiles para el desgaste político.
Visto lo que antecede no es de extrañar que la oposición política intente apartar como sea a Manuel Moix del cargo que ocupa: si las cosas cambian como desea él en la instrucción de los sumarios no habrá tanta munición para desgastar políticamente al PP. Lo malo es que la lucha por el poder es tan encarnizada y algunos tienen tan prisa por llegar a “manosearlo” que no les importa participar en esas cacerías “furtivas” –las llamo así porque son políticamente inadmisibles- contra instituciones tan importantes del Estado, como es la Fiscalía Anticorrupción.
Otros temas José Manuel Otero Lastresel