Momentos antes de que tuviera lugar la votación “bolchevique” en el Parlament de Cataluña, los diputados de Ciudadanos, el PSOE y el PP abandonaron sus escaños en señal de protesta, dejando sobre los mismos banderas españolas y catalanas. Cuando ya no estaban en el hemiciclo y, por lo tanto, sin que ninguno de ellos pudiera impedirlo, una diputada de Podem, Ángels Martínez, retiró por propia iniciativa las banderas españolas que habrían sido dejadas por diputados del PP.
Tras pedirle Pablo Iglesias que se disculpara, la veterana diputada respondió que no pensaba hacerlo porque su bandera era la “tricolor” ya que la enseña de España había sido impuesta por la fuerza de las armas.
Para ser diputado no se exigen especiales conocimientos, sino solo estar en pleno uso de los derechos políticos. Pero a la vista de declaraciones como la de la señora Martínez no sería desacertado requerirles nociones elementales sobre la Constitución Española.
De ser así, esta madura diputada catalana tal vez sabría que la bandera de España la ha fijado el artículo 4 de la Constitución. Lo cual significa que nuestra bandera actual, lejos de haber sido impuesta por las armas, ha sido aprobada en referéndum por una amplísima mayoría de los españoles, el 94 % de los cuales eran catalanes.
Según esa veterana diputada la bandera “tricolor” de la Segunda República, sí que habría sido establecida, en cambio, por voluntad popular. La historia no parece, sin embargo, abonar esta tesis. Porque, como han demostrado los historiadores Álvarez Tardío y Roberto Villa, hubo una alteración intencionada de determinadas actas electorales por parte de la izquierda que desembocaron en el triunfo fraudulento del Frente Popular. Por eso, no voy a discutir con la señora Martínez sobre cuál es “su” bandera de España, pero si se sitúa en el terreno de las legitimidades, le sería mejor no remover las cosas.
Otros temas José Manuel Otero Lastresel