Seguramente a no pocos de ustedes les sorprenderá la pregunta y, sin duda, a los que leen mi blog todavía más, porque soy un hombre de leyes que cree que solamente la voluntad popular plasmada en la ley es capaz de compatibilizar los distintos y encontrados intereses que portamos los ciudadanos.
Es verdad que la cuestión que planteo tiene cierta carga retórica, porque en términos generales serían muy pocos los que responderían negativamente. Pero si suscito ese interrogante es porque la observación, incluso poco atenta, de la realidad parece estar en contra de la respuesta afirmativa.
Permítanme que tome como ejemplo la Constitución, texto normativo que, por su condición de espina dorsal de nuestro Ordenamiento Jurídico, merece una respuesta contundentemente afirmativa: ¡Pues claro que hay que creer en las leyes y cumplirlas, y, por encima de todas ellas, la Ley de Leyes, la Constitución.
En efecto, una atenta observación de la realidad pone de manifiesto que las leyes existen, que están ahí, que deberíamos tomar por cierto lo que dicen, que deberíamos creer en ellas y, consiguientemente cumplirlas y, sin embargo, es muy dudoso que se cumplan.
Empecemos por el Título Preliminar de la Constitución, que establece que España es un Estado social y democrático de Derecho, que propugna entre los valores superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad y la igualdad. Pues bien, ¿creen ustedes sinceramente que en Cataluña hay libertad e igualdad? Y si no las hay, ¿quién es el responsable de que cada día veamos los ciudadanos de otras partes de España cómo se cercena la libertad de algunos compatriotas y la flagrante desigualdad que existe allí entre unos y otros?
Sigamos con el Título Preliminar. En él se dispone que se garantiza la solidaridad entre todas las nacionalidades y regiones constituidas en Comunidades Autónomas. Pues bien, ¿alguien que no sea un crédulo redomado está siquiera medianamente convencido de que las Comunidades Autónomas son todas solidarias unas con otras?
Y para finalizar este brevísimo repaso del Título Preliminar dos reflexiones sobre puntos tan identificadores como son la lengua y la bandera. En la Constitución se prevé que todos los españoles tienen el deber y el derecho a usar el castellano. Y se preceptúa también que la bandera de España se utilizará con las banderas estatutarias en los edificios públicos y en los actos oficiales. ¿Se cumplen estas dos normas constitucionales en todo el Estado? ¿Tiene la ciudadanía sensación de que incumplirlas trae consecuencias muy graves?
Como esta reflexión podría ser de una extensión inaceptable, voy a saltarme los preceptos de la Constitución hasta aterrizar en el Título X que reza “De la reforma constitucional”. Pues bien, basta la lectura de los artículos 166 a 169, ambos inclusive, para advertir de inmediato que la Constitución, lejos de ser un texto normativo rígido e inmodificable, puede ser reformado, pero debe seguirse el procedimiento previsto en este Título. Pues bien, a la vista de los episodios pasados, de los actuales y de los que nos anuncian los independentistas catalanes, ¿tienen ustedes la sensación de que alguna vez respetarán la Constitución, aunque sea con el solo objetivo de reformarla para dar cabida a sus aspiraciones?
Lo lamentable es que todos los cargos públicos están obligados a jurar o prometer acatar la Constitución. Por lo cual, no podría extrañarnos que algún ciudadano del montón se preguntase: ¿y quién nos defiende a nosotros de ellos?
Otros temas José Manuel Otero Lastresel