Según el diccionario de la RAE, “hacer agua” significa “dicho especialmente de un proyecto: Presentar debilidad o síntomas de ir a fracasar”. Y según dicho diccionario por “Estado de Derecho” se entiende “Régimen propio de las sociedades democráticas en el que la Constitución garantiza la libertad, los derechos fundamentales, la separación de poderes, el principio de legalidad y la protección judicial frente al uso arbitrario del poder”.
Pues bien, ¿presenta síntomas de debilidad o de ir a fracasar el proyecto de convivencia que nos dimos los españoles al establece un Estado social y democrático de Derecho en nuestra Constitución de 1978?
Si me hicieran esta pregunta en el año 2000, por escoger un número redondo, respondería que no. Pero desde hace algunos años tengo serias dudas. No quiero ser alarmista pero actualmente la presión callejera ha abierto unas grietas en el Estado de Derecho que están poniendo en serio riesgo no solo la viabilidad de nuestro actual proyecto de convivencia democrática, sino que hasta ha vuelto imprecisa la definición misma de Estado de Derecho.
Adviértase, en efecto, que en el concepto gramatical de Estado se recoge el rasgo de la protección judicial “frente al uso arbitrario del poder”. En este punto en concreto, el Estado español delimitado en la Constitución de 1978 ha funcionado de un modo ejemplar. Se puede afirmar sin riesgo de equivocarse que a nuestros tribunales no les ha temblado la mano cuando han tenido que hacer frente al uso arbitrario del poder por las instituciones estatales contra un ciudadano.
La cuestión que me preocupa se da en otro ámbito y es que cada vez es más frecuente que algunos colectivos minoritarios activos y vociferantes ejercen en la calle una presión abusiva contra los propios tribunales hasta el punto de acabar acobardándolos si no dirimen las cuestiones sometidas a su resolución en el sentido exigido por ellos.
El caso de Juana Rivas ilustra perfectamente lo que quiero decir. Los tribunales de justicia le dieron la razón al padre y ordenaron a aquella que le entregara los niños. Frente a dicha decisión judicial que se mantuvo en todas las instancias, unos colectivos especialmente activos ejercieron la presión callejera descalificando las actuaciones de los tribunales españoles que intervinieron en el caso y apoyaron a la madre, la cual ha decidido hasta ahora incumplir las resoluciones de los tribunales. Hasta tal punto ha sido grave la presión de los “azotacalles” que la Asociación Jueces para la Democracia ha tenido que pedir el amparo del Poder Judicial para defender las actuaciones judiciales realizadas en dicho asunto.
Pues bien, si se tolera que en casos como el de Juana Rivas la justicia se dirime según los dictados de la calle y no de acuerdo con lo que dictaminen los tribunales de justicia, nuestro Estado de Derecho no solo hará agua, sino que nos retrotraerá a la época medieval de la auto tutela.
Otros temas José Manuel Otero Lastresel