Estamos asistiendo en los últimos días a un rosario de noticias cuyas nefastas consecuencias siempre recaen sobre los mismos: los sufridos españoles que contribuyen al sostenimiento de los gastos públicos; es decir, la resignada clase media que tiene una nómina atrapada entre las garras de la voraz estructura recaudatoria del Estado.
La última, por ahora, tiene que ver con la salida a Bolsa de Bankia, en la que han fallado estrepitosamente los mecanismos de control sin que nadie haya sido obligado a asumir las consecuencias de su mala praxis profesional. Esta operación, como recuerda hoy Amador G. Ayora en el Economista, fue “orquestada” bajo el gobierno del PSOE por Elena Salgado, entonces vicepresidenta del Gobierno, Miguel Ángel Fernández Ordóñez al frente del Banco de España y por Julio Segura como cabeza visible de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Como seguramente sabrán, y me voy a expresar con la mayor claridad posible para que me entiendan los que solo tengan ligeras nociones sobre el asunto, cuando una compañía quiere sacar sus acciones a Bolsa, se efectúa una valoración de sus activos de la que resulta el valor de cotización de salida de la acción. Estos datos figuran en un documento, el folleto de salida a Bolsa, cuya veracidad en el caso de un banco –como era el de Bankia- tiene que ser previamente controlada por el Banco de España y la CNMV.
Pues bien, el Tribunal Supremo acaba de sentenciar que el citado folleto contenía datos falsos que aumentaron artificialmente el valor de la acción e indujeron a error a los inversores. Dicho en otras palabras, que hubo empleados de Bankia que engañaron al efectuar la primera valoración de los activos; seguidamente, profesionales externos (compañías auditoras), pagados a precio de oro, contratados al efecto que no descubrieron –o no quisieron hacerlo- la falsedad de los datos suministrados por la propia compañía; y, finalmente, mecanismos públicos de control, el Banco de España y el CNMV, que pasaron todo por alto.
La consecuencia lógica de tal desaguisado es que la Entidad Bankia tiene que devolver a los inversores el importe que pagaron a cambio de sus acciones. Pero ¿deben quedarse las cosas ahí? En mi opinión, no.
Es verdad que la causante del daño directo a los inversores fue la propia Bankia y que, en consecuencia, es la primera que debe responde por ello. Y lo es también que, como casi siempre, el último perjudicado será el pueblo español –la mencionada clase media con nómina- que va a ser el que soporte con sus impuestos la satisfacción total de los daños causados.
Pero ¿y los profesionales externos que intervinieron muy lucrativamente en la salida a Bolsa? ¿Y los organismos públicos que ejercitaron negligentemente su labor de control?
Hasta ahora ha habido algunos casos, singularmente en el sector inmobiliario pero en operaciones de adquisición de acciones de compañías cotizadas (las famosas OPAs), en el que los profesionales externos y la propia CNMV se han ido de rositas. Pero en estos supuestos los principalmente damnificados fueron los propietarios de esas compañías inmobiliarias, buena parte de las cuales han sido declaradas en concurso de acreedores, y los bancos que financiaron las operaciones de salida a bolsa.
En el caso de Bankia, las cosas son distintas. La mayor parte de su capital es público; es decir, está en manos del Estado. Lo cual significa que el principal perjudicado es el pueblo español. Estamos hablando, por tanto, no de capital privado, sino público, de todos, y como los paganos últimos vamos a ser nosotros, habría que exigir responsabilidades a todos los que intervinieron en esa cadena (¿de favores?) que desembocó en tan grotesco engaño.
Otros temas José Manuel Otero Lastresel