Hoy es un buen día para los que creemos en el imperio de la Ley como expresión de la voluntad popular. Hasta ahora, todos los poderes públicos estaban sometidos a la Ley, y el Estado de Derecho garantizaba la convivencia pacífica y democrática dentro de la Constitución y las leyes. Pues bien, no creo equivocarme demasiado si digo que el 9 de noviembre pasará a la Historia de España como el día en que, sin necesidad de hacer uso de otra fuerza que la de la Ley, las instituciones del Estado han conseguido que no se saliera con la suya un poder autonómico subordinado.
Pulsearon el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña. Cada uno armó su brazo: el Gobierno Central estuvo asistido por la Constitución y las Leyes, mientras que la Generalitat persistió en la idea de convocar un referéndum ilegal con validez política, que fue, una vez tras otra, rechazada por los Tribunales. Y el pulso, digan lo que digan los secesionistas, lo ganó el Estado, que obligó a quien pretendía una consulta con validez política a que las urnas fueran de papel; a que se sometiera la consulta a un censo electoral en el que se apuntaron sujetos tan representativos como “Bob Esponja”; a que los locales donde votar no fueran colegios electorales, sino cualquier edificio que pudiera albergar una urna; y a que una parte del pueblo catalán, en lugar de expresar su voluntad política, participara en una vergonzosa mascarada.
Ahora habrá quien quiera hacernos creer que al punto al que habían llegado las cosas tras las sentencias del Tribunal Constitucional, la decisión política de llevar a cabo la pantomima del “referéndum de cartón” era mejor que cumplir la Ley. Pero este reto ha estado tan fuera de razón que no hay que descartar que en los próximos días alguno de los responsables de la consulta se vea sometido a las consecuencias jurídicas de tamaño desafío legal.
En todo caso, a los que creemos que la Justicia debe estar por encima de todo nos quedará el amargo sabor de haber presenciado un hecho en el que un ente territorial del Estado, la Generalitat, lejos de cumplir la Ley como expresión de la voluntad popular, organizó un carnaval para satisfacer el ego personal de un sujeto, Artur Mas, que pretende ser Jefe de Estado, y que no se resigna con ser únicamente presidente de una Comunidad Autónoma, como la Generalitat, aunque eso sea mucho. A Artur Mas le salió mal el descabellado montaje que organizó para llegar a más: jefe de un Estado.
Otros temas José Manuel Otero Lastresel