Escribió Stefan Zweig en su maravillosa monografía “Castellio contra Clavino. Conciencia contra violencia” que “En los cimientos de cualquier Estado, toda constitución contiene los derechos humanos como lo más inviolable e irrevocable”, pero –añade- “nunca un derecho se ha ganado para siempre, como tampoco está asegurada la libertad frente a la violencia, que siempre adquiere nuevas formas”. Y concluye “Precisamente cuando ya consideramos la libertad como algo habitual y no el don más sagrado, de la oscuridad del mundo de los instintos surge un misterioso deseo de violentarla”.
Los españoles, tras una larga etapa de autocracia, aprobamos una Constitución que ha instaurado un Estado social y democrático de Derecho en el que la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político constituyen los valores superiores del ordenamiento jurídico, el cual garantiza la convivencia democrática bajo el imperio de la ley como expresión de nuestra voluntad popular.
Pues bien, desde el mes de septiembre del año pasado, los independentistas catalanes en un verdadero golpe de Estado totalitario no solo infringieron la Constitución y sus leyes autonómicas, sino que no han cesado de situarse al margen de la Ley de Leyes que nos hemos dado todos para seguir presionando a las instituciones del Estado con el fin de que les salga gratis su desafío a nuestro Estado de Derecho.
Y así, haciendo uso de la libertad de expresión, que es inviolable e irrevocable, y que consideremos, tal vez erróneamente como algo habitual, y no como el don más sagrado, están aprovechándose de la debilidad, de la ambición, y de la megalomanía del comparsa Pedro Sánchez, para organizar un carrusel de declaraciones a favor de los golpistas encarcelados y fugados.
En efecto, con Sánchez a la cabeza, que, en su línea habitual de decir una cosa y la contraria, ahora –para saldar la deuda del apoyo golpista- ve la necesidad del empleo de armas, donde antes y sin armas veía con toda claridad un caso de rebelión. Con buena parte del Gobierno que también se alinea con las presiones para que no se impute a los encarcelados y fugados el delito de rebelión. Y con la comprensible colaboración de los actuales mandamases del independentismo actual, como Torra, que se atreve a decir que no admitirá una sentencia que no sea absolutoria, y con el presidente del Parlament el señor Torrent que, siendo presidente se supone de la institución que representa la voluntad de todos, sí todos, los catalanes, se atreve a decir, como si fuere un hooligan más del independentismo y no un cargo institucional, que “la acusación de la fiscalía será la prueba del algodón de la democracia”.
Pues bien, lo que es la prueba del algodón de la democracia es respetar la separación de poderes, creerse de verdad que la justicia –como dice el artículo 117 de la Constitución- emana del pueblo y que la administran jueces independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Y no que el Gobierno, en vergonzoso y desleal pago de sus votos en la censura, tiene que influir en la fiscalía para que elimine de la acusación de los independentistas el presunto delito de rebelión.
Desde hace tiempo vengo sosteniendo que los independentistas que están en prisión provisional no tardarán en abandonar la cárcel y que éstos y los fugados serán –eso sí después de ser condenados porque no se puede antes- indultados. No sé si al actual gobierno del PSOE le dará tiempo a indultarlos antes de convocar las próximas elecciones o si lo harán después (para lo cual tendrían que volver a gobernar). Pero si, como pienso, los acaban indultando a la famosa frase de “Paris bien vale una misa” habría que añadir “Y la Moncloa bien vale un golpe de Estado independentista”.
Otros temas José Manuel Otero Lastresel