La segunda acepción gramatical de la palabra desmadre es, según el diccionario de la RAE, “exceso desmesurado en palabras o acciones”. Empleo con toda intención esta palabra para calificar lo que ha venido sucediendo estos días en torno al tema del impuesto que grava el otorgamiento de la escritura del préstamo hipotecario. Y utilizo la expresión desmadre, no tanto para cebarme en la actuación de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, cuanto para mostrar mi desagrado sobre la atmósfera de falsa demagogia y de oportunismo por parte del Gobierno.
Casi todo los analistas políticos han aprovechado la dubitativa actuación de la Sala Tercera del Tribunal Supremo para zurrarle la badana -según sus preferencias y ocultas intenciones- a la Sala Tercera, a su presidente, al del Consejo del Poder Judicial, al Tribunal Supremo en su conjunto y hasta a la Justicia española.
El origen del problema fue debido a una extralimitación de una Sección de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que quiso cambiar la jurisprudencia consolidada de dicha Sala cuando era algo que por su trascendencia requería la intervención del Pleno. Y ante la situación creada, insisto, por la parte mayoritaria de los magistrados de una Sección, porque hubo incluso un voto particular discrepante, el presidente de la Sala y el del Consejo General del Poder Judicial, que lo es también del Tribunal Supremo, recabaron la opinión de todos los miembros de la Sala Tercera reunidos en pleno, que decidieron, a mi juicio, acertadamente volver al criterio jurisprudencial de siempre que era que el pago del impuesto correspondía al cliente.
A partir de aquí, y por la volatilidad de los votos propia de nuestros tiempos, los “recaudadores” de los sufragios de la ciudadanía salieron con sus cazamariposas tramposos a ver que quedaba prendido en sus redes. El primero de todos ello fue el presidente del gobierno (pero no el único porque tendrá el apoyo de los que andan a la captura de votos), el cual, como si se tratara de un Robin Hood de los pobres deudores hipotecarios, no dudó en criticar al Tribunal Supremo y en un acto de extraordinaria magnanimidad aprobó un Decreto en Consejo de Ministros que pone a cargo de los bancos el pago del citado impuesto.
Adviértase que el magnánimo Sánchez no suprimió el impuesto, sino que simplemente modificó, pero solo temporalmente, la persona del deudor. Y digo que solo hubo modificación temporal porque no tangan la más mínima duda de que los bancos van a repercutir el impuesto en los clientes, seguramente por la vía del aumento de las comisiones. Es decir, el impuesto se va a seguir pagando lo que equivale a decir que el Estado lo seguirá cobrando, pero el pagano final será el deudor hipotecario.
Por eso, digo que estamos ante un verdadero desmadre, un exceso desmesurado de palabras, que unos aprovechan para hacerle creer a la ciudadanía que están al tanto de sus intereses para defenderlos, y que otros, con intenciones más aviesas, lo utilizaran para poner en tela de juicio a la Justicia española que pronto tendrá que juzgar por rebelión, sedición y malversación de fondos a unos golpistas políticos. A estos últimos lo que les importa es aumentar el eco negativo de una concreta acción de una Sección de una Sala del Tribunal Supremo para extender una sombra de duda sobre otra Sección de una Sala del citado Tribunal, la Sala de lo Penal, que no tiene nada que ver con la que intervino en el tema del impuesto. Pero eso a los independentistas no les importa: son trazos finos en los que no reparan los ojos poco agudos de los ciudadanos del montón –y mucho más si están en el extranjero- que no están familiarizados con el mundo del Derecho.
Otros temas José Manuel Otero Lastresel