A los profesionales del Derecho no nos ha extrañado que el instructor de la causa en el Tribunal Supremo haya dictado ayer una EXPOSICIÓN RAZONADA en la que formaliza ante el Congreso de los Diputados la solicitud de suplicatorio respecto del imputado con condición de aforado, señor Chaves; imputación que es extensible al señor Griñan, para el que no se pide suplicatorio porque ya no es aforado.
Y todo ello a pesar de que ambos hubieran negado reiteradamente y sin vacilación alguna que tuvieran el más mínimo conocimiento del prolongado y multimillonario saqueo de los EREs y de que ciertos políticos socialistas, como los señores Bono y Pedro Sánchez, hubieran declarado públicamente que “ponían las manos en el fuego” por la inocencia de ambos.
Lo de las mentiras reiteradas de Chaves y Griñan es comprensible porque nuestra Constitución otorga a toda persona el derecho a no confesarse culpable y a no declarar contra sí mismo. Lo que no se entienden son los “avales” de Bono y Pedro Sánchez, que con una gran ligereza y una dosis “extrema” de credulidad, llegaron a garantizar pomposamente la honestidad de los dos políticos andaluces.
La EXPOSICIÓN RAZONADA del Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, don Alberto Jorge Barreiro, detalla a lo largo de 129 páginas, los principales acontecimientos que integran la causa especial de los EREs, exponiendo indiciariamente los datos fácticos y los preceptos jurídicos que conducen a la imputación de los dos ex Presidentes de Andalucía. En esta pieza judicial, el citado Magistrado afirma, entre otras cosas, que se produjo un quebrantamiento patrimonial del erario público con entrega de dinero a empresas que no debían recibirlo; pagos a bufetes jurídicos por intervención profesional en los EREs por honorarios que no correspondía pagar a la Junta de Andalucía; y entregas de dinero a los sindicatos mayoritarios sin un fundamento legitimador que, en principio, lo justifique.
Pero el Instructor señala también que no constan datos indiciarios que los imputados supieran que se estaban disponiendo de los fondos públicos para el lucro ilícito de terceros, aunque matiza “si sabían que el procedimiento de concesión de las subvenciones era ilegal, pero, para este instructor, no constan indicios que conocieran que con la materialización del sistema se estuvieran desviando importantes sumas de dinero para favorecer el beneficio ilícito de terceras personas”.
En definitiva, el prestigioso Magistrado Alberto Jorge Barreiro deduce de lo investigado hasta ahora que Chaves y Griñan incurrieron en prevaricación al conocer y no oponerse a la concesión de las subvenciones ilegales en los EREs. Pero no le consta que conocieran el desvío de los fondos a terceros, ni lógicamente –aunque no se dice expresamente- que llegara hasta ellos mismos.
La causa penal vuelve ahora a Andalucía y dentro de unos años, que no serán pocos, nos darán la noticia del resultado del juicio. Es casi seguro que habrá muchos condenados, y es probable que entre ellos, al menos en lo señalado por el magistrado instructor, figuren Chaves y Griñan. Lo que sí se puede afirmar con rotundidad es que los señores Bono y Sánchez habrán conservado durante todos estos años sus manos sin la más mínima quemadura.
Otros temas José Manuel Otero Lastresel