En unas recientes declaraciones radiofónicas, Paulino Rivero, presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias afirmó que sus familias habían dejado en los hospitales de dicha Comunidad a 400 pacientes dados de alta. Posteriormente, tuvo que rectificar y afirmó que las culpables no eran las familias, sino que los curados seguían hospitalizados, porque carecen de familia, porque sus parientes no pueden atenderlos o porque no hay plaza para ellos es centros sociales.
Es muy posible que el Presidente de Canarias dijera la verdad al principio y que presionado por la fuerza de los votos se viera obligado a recurrir al lenguaje políticamente correcto que –y quiero que quede muy claro lo que digo- recurre a eximirnos de nuestra propia responsabilidad y a echar la culpa a las circunstancias que siempre acaban confluyendo en ese ente tan difuso y que apenas sentimos como propio que es el Estado.
Pero como no me gusta hacer juicios de intenciones, voy a dar por cierto que las causas de esta sorprendente ocupación de los hospitales por personas ya curadas son todos las que ha señalado el Presidente canario. Desde luego, para saberlo, lo primero que habría que ordenar es una exhaustiva investigación, analizando caso por caso para descubrir la verdadera razón de que el paciente con el alta no abandone el hospital.
Si existió algún caso en el que la familia fue la culpable, la razón de tan sorprendente conducta pudo ser la falta de medios de la familia o bien la simple comodidad. Ni que decir tiene que en este último caso el comportamiento de la familia es de todo punto inaceptable. Y casi habría que hacer el mismo reproche a los que actuaran motivados por la falta de medios, así como en los casos de no tener familia, de que no los pueden atender sus parientes o de que haya escasez de plazas en los centros de atención social.
Con ser todos estos supuestos lamentables, no sería ninguno de ellos un argumento suficiente para justificar una obstrucción al derecho a la salud de los enfermos necesitados de hospitalización. Admitir lo contrario, supondría tolerar una grave alteración del destino de los bienes y servicios públicos. Hay que separar la salud y las atenciones sociales. Lo deseable sería que hubiera medios suficientes para todas estas necesidades, pero si hay escasez y no llega para todo, cada ámbito debe contar con sus propios medios y no convertir lo que es un centro de salud en un centro de beneficencia.
Otros temas José Manuel Otero Lastresel