Todos somos Llarena porque este prestigioso magistrado administra justicia en nombre del pueblo español. En efecto, en el Preámbulo de nuestra vigente Constitución se proclama la voluntad de la Nación española de “consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular”. Las leyes las elaboran las Cortes Generales (el Congreso de Diputados y el Senado) que representan al pueblo español. Y los jueces y magistrados, que están sometidos únicamente al imperio de la ley, administran la justicia que emana del pueblo. Todo lo cual se resume en la previsión del artículo 1.2 de la Constitución que establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado, incluido, por tanto, el poder judicial.
De cuanto se acaba de decir se desprende que los magistrados, lejos de ser personas que pueden actuar a su arbitrio decidiendo lo que les venga en gana con respecto a la libertad de las personas, tienen que ejercer la alta función de administrar justicia de acuerdo con lo que establece la ley. Y como ésta expresa, como se ha dicho, la voluntad popular, cada vez que los jueces y magistrados deciden sobre la libertad de las personas están actuando no en su propio nombre, sino en el del pueblo español.
Viene esto a cuento porque hay, sobre todo, dos magistrados que soportan sobre sus hombros la pesada carga de administrar justicia en el espinoso asunto del golpe de Estado jurídico que han perpetrado los políticos catalanes que han violentado, parapetados en estos dos textos normativos, la Constitución y el Estatuto de Cataluña. Me refiero a la magistrada Carmen Lamela, juez Central de Instrucción en la Audiencia Nacional, y a Pablo Llarena, magistrado de la Sala de los Penal del Tribunal Supremo.
Ambos han llevado a cabo suficientes actuaciones judiciales como para poder alabar desde ahora y sin reservas la manera en que vienen administrando justicia en tan mediático y politizado asunto. Y tanto la una como el otro, han actuado con la discreción que exige la aplicación de la ley, sin aprovecharse –al revés que otros jueces estrellas que están en la mente de todos- del potentísimo foco generador de notoriedad que es la rebelión de los independentistas catalanes.
Esta prudente actuación, alejada de todo protagonismo, ha sido violentada en lo que concierne al magistrado Llarena por una independentista catalana que ha desvelado en las redes sociales el nombre de la mujer de dicho magistrado, el cargo que ocupa ésta y su lugar de residencia. Pues bien, al poner sobre la familia Llarena la diana contra la que deben dirigir su violencia las bases radicales del independentismo, la innombrable e indeseable separatista, además de atentar contra la seguridad y la libertad de los Llarena, ha arremetido violentamente contra todo el pueblo español.
Por eso, creo que es momento de que, como señalaba al principio, que declaremos todos somos “magistrados Llarena” y que le hagamos saber a los descerebrados independentistas que, al aplicar la ley, el magistrado Llarena es “el pueblo español”, por lo que goza del amparo de éste en todas y cada una de sus decisiones.
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