Si Ada Colau quiere seguir manteniendo esta tibia posición frente a la violencia de los antisistemas en Barcelona, debería pagar de su bolsillo los 78.500 euros en los que el Ayuntamiento de Barcelona ha valorado los destrozos callejeros que se están produciendo en la capital catalana. O si no los quiere pagar, que haga una colecta entre los que la votaron para que asuman este coste. No creo que del bolsillo de los catalanes tenga que salir un dinero que, en parte, podría ser consecuencia de la falta de autoridad de la alcaldesa para poner fin a esta revuelta callejera.
Otra opción sería retener de las cuentas de la CUP este importe y dedicarlo a reponer el mobiliario urbano que esta turba ha destrozado. Y me refiero a la CUP porque dos de sus diputados y un concejal han participado en los altercados de la plaza del Diamante.
A mí me parece muy bien que la gente proteste cívicamente, pero arrasar las calles porque un colectivo quiere que, a costa de todos los ciudadanos, se siga pagando el alquiler del “banco okupa”, me parece una insensatez. Porque por esa regla de tres, todos los ayuntamientos deberían pagar los alquileres de la gente sin techo y me temo que eso sería imposible.
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España Paloma Cervilla Garzónel