Jueces sin fronteras

De nuevo, una actuación de un juez español amenaza con enturbiar las relaciones de España con otro país. En este caso, se trata de El Salvador. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha procesado a una veintena de militares salvadoreños por el asesinato del rector de la Universidad Centroamericana (UCA), el jesuita español Ignacio Ellacuría y otros cinco jesuitas –cuatro de ellos españoles- así como de una empleada doméstica y su hija. El crimen fue perpetrado en 1989 y los presuntos autores juzgados en 1991. Dos de ellos fueron condenados a 30 años de prisión, pero quince meses más tarde quedaron en libertad por una ley de amnistía.

El juez Velasco considera que aquel juicio fue un fraude y por eso busca la extradición de los veinte militares, en realidad de 19, porque uno de ellos falleció el pasado mes mayo.

La decisión del juez no ha sentado nada bien en algunos sectores de El Salvador, sobre todo en el estamento militar. El viernes 12, unas 500 personas, entre los que había muchos militares y algunos políticos de la derechista Alianza República Nacionalista (Arena), se manifestaron frente a la Embajada de España en San Salvador y entregaron una carta en la que protestan por lo que consideran una injerencia en asuntos internos de un país y un desprecio a la actuación de la Justicia salvadoreña. “Ya no somos una colonia de España”, afirmaban algunos de los asistentes.

La protesta ante la sede de la Embajada se une al atentado contra la residencia del embajador, Enrique Ojeda, perpetrado el pasado 21 de julio. Un hijo y un sobrino de dos de los procesados fueron detenidos como sospechosos de haber realizado disparos contra la garita de vigilancia.

Algunas voces en El Salvador llaman la atención sobre las consecuencias de reabrir el caso. Así, por ejemplo, el arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar, aunque reconoce que es necesario saber quienes fueron los autores del asesinato de los jesuitas, advirtió de que profundizar en el caso puede reabrir heridas que pondrían en peligro la paz que apenas se está consolidando, tras un largo conflicto armado.

No es la primera vez que una actuación de jueces españoles pone en aprietos a la política exterior española. El deseo de que se haga justicia es encomiable, pero la realidad es que resulta muy difícil que un país acepte extraditar a sus nacionales, sobre todo cuando se pone en cuestión el funcionamiento de sus instituciones judiciales.