La situación vivida el pasado fin de semana en Gibraltar con colas de vehículos de hasta siete horas para pasar la Verja es algo que no debería repetirse. Es un espectáculo nada edificante y es cierto, como subraya el Gobierno gibraltareño, que la mayoría de los automovilistas que sufrieron esas colas, fueron españoles o turistas que habían pasado al Peñón para hacer una visita. Pero si la decisión de extremar los controles en la aduana –que fue lo que provocó las retenciones- hay que apuntársela al Gobierno español, la responsabilidad de que se opte por esa medida hay que buscarla dentro de la colonia.
Fabian Picardo ha estirado demasiado la cuerda desde que asumió el cargo de ministro principal hace algo más de año y medio y el Gobierno de David Cameron se lo ha permitido, pese a las quejas españolas. El acoso a que ha sometido a un puñado de pescadores, que solo buscan hacer unas pocas capturas que les permitan dar de comer a sus familias, no tiene justificación, por mucho que se vea sometido a la presión de los “talibanes medioambientales” de su equipo, como el ministro Costa. La realidad es que Picardo –y tras él Londres- lo que desean es dar por sentado que las aguas que rodean el Peñón son de soberanía británica, algo que, naturalmente, España no puede aceptar, porque en el Tratado de Utrecht, del que acaban de cumplirse 300 años, las únicas aguas cedidas al Reino Unido fueron las del puerto.
El último episodio del lanzamiento de bloques de hormigón en los caladeros donde faenan los pescadores de la Bahía de Algeciras, se une a los rellenos para ganar terreno al mar o a la constatación de que el Almirantazgo británico ha establecido de manera unilateral, sin consulta ni autorización de España, cinco nuevos fondeaderos, en los que obviamente se pueden practicar tareas de “bunkering”, un actividad que sí debería excitar la preocupación medioambiental de las autoridades gibraltareñas.
Ni el Reino Unido ni Gibraltar podían esperar que España permaneciera con los brazos cruzados ante este tipo de actuaciones. El recurso a los controles estrictos en la aduana de la Verja puede ser la primera de las medidas y al Gobierno español no le sobran argumentos para justificar la decisión, porque, lejos de disminuir, el contrabando de tabaco en Gibraltar aumentó en un 213 por ciento entre 2010 y 2012. Según la directora de Aduanas e Impuestos Especiales, Pilar Jurado, de enero a junio, pasaron de Gibraltar a La Línea de la Concepción unos 68,5 millones de cajetillas de tabaco, una actividad que ha provocado el cierre de diez de los trece estancos de la localidad gaditana.
Por eso, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, replicó a su colega británico, William Hague, que España tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la normativa aduanera, entre otras cosas, luchando contra el tráfico ilícito y el contrabando de tabaco, y que, en consecuencia, cuando el Gobierno lo considere necesario, extremará los controles.
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