Al ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, le corresponde el martes, 27, representar a España en la primera sesión ministerial del Consejo de Derechos Humanos en el que comenzó a participar el pasado 1 de enero. Por delante, quedan tres años para estar presentes en una institución de las Naciones Unidas que sigue siendo muy criticada por Estados Unidos, porque llegan a pertenecer a ella algunos países muy cuestionados por el escaso respeto interno de los derechos humanos en sus territorios.
Entre los 47 miembros del Consejo, del que España forma parte en representación del Grupo Occidental, se encuentran, en ella actualidad, en efecto, varios países sobre los que está puesto el punto de mira de la comunidad internacional, sobre su respeto de los derechos humanos, como China, Cuba, Egipto, Venezuela o Arabia Saudí, sin olvidar la reciente incorporación de la República Democrática del Congo, donde su presidente, Joseph Kabila, trata de mantenerse en el poder incumpliendo todos los plazos electorales.
De hecho, muchos de estos países tratan de formar parte del Consejo para poder defenderse en las distintas sesiones, en el caso de que se produzca alguna acusación de violación de derechos humanos en su territorio.
En cualquier caso, para España es una oportunidad de presentar ante el mundo sus prioridades en materia de Derechos Humanos, entre las que Dastis, en su intervención, en la sede del Consejo, en Ginebra, citará, previsiblemente, la lucha contra la pena de muerte, de la que nuestro país se convirtió en un abanderado, especialmente durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El actual Ejecutivo ha seguido la línea marcada, porque Madrid es la sede de la Comisión Internacional Contra la Pena de Muerte (CIPM) y España preside el grupo de apoyo a la Comisión integrado por 19 países.
Otros asuntos a los que España va a prestar especial atención son los derechos de la mujer, la lucha contra el racismo y la xenofobia o las formas de proteger a los refugiados e inmigrantes. Asimismo, quiere impulsar el programa de acogida de defensores de los Derechos Humanos, del que, desde que se puso en marcha en los años noventa, en España se han beneficiado ya más de 300 activistas perseguidos en sus respectivos países.
En el capítulo de derechos económicos, sociales y culturales, presentará junto a Alemania, una resolución sobre el derecho al agua potable y al saneamiento y seguirá impulsando la promoción de los Derechos Humanos en las empresas.
A lo largo de su permanencia en el Consejo de Derechos Humanos, España tendrá que participar en debates sobre la situación de Corea del Norte, Siria, Myanmar, Irán, Libia Sudán del Sur y probablemente Yemen, Burundi, Ucrania y Camboya.
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