Hace unos pocos meses, Francia aprobó una ley para expulsar a los inmigrantes ilegales. Si a la portavoz del Gobierno español o alguno de sus ministros se le hubiera ocurrido calificar al Ejecutivo de François Hollande, pongamos, que de “racista”, por ejemplo, o acusarle de no respetar los “derechos” de los inmigrantes a entrar en Francia, no tengo la menor duda de que la respuesta de las autoridades galas hubiera sido bastante firme. Y tendrían razón para quejarse porque se habría producido una clara injerencia en los asuntos internos de Francia por parte del Gobierno español.
Exactamente eso es lo que ha ocurrido con las palabras de la ministra de Derechos de la Mujer y portavoz del Ejecutivo galo, Najat Vaullad-Belkacem, que tardó muy poco en reprochar al Gobierno de Mariano Rajoy la aprobación del proyecto de ley para la protección de la vida del concebido, que reforma la ley del aborto sacada adelante por el PSOE en 2010. La ministra no se limitó a manifestar su opinión contraria a la ley, sino que se permitió calificativos bastante gruesos contra la decisión del Gobierno.
Pese a ello, si exceptuamos la réplica dada a la ministra través de las páginas de ABC por el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el Gobierno ha mantenido un silencio difícil de explicar ante la violación del principio más elemental de la diplomacia, que es la no injerencia en asuntos internos de otro país, como el domingo declaraba a este periódico el propio embajador francés, Jérôme Bonnafont, cuando se le preguntaba por los afanes independentistas de los nacionalistas en Cataluña. Bonnafont no hacía más que repetir lo dicho por François Hollande, al ser preguntado por el mismo asunto.
Que se sepa –y aunque pueda parecer extraño-, no ha habido ninguna queja, ninguna protesta, ninguna llamada telefónica al Gobierno francés o a su representante en España por parte de las autoridades españolas. Al menos no se ha expresado públicamente ni se ha dado a conocer.
El hecho de que entre los dos países exista, en estos momentos, una buena y deseable cooperación en muchos aspectos, como la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada, las infraestructuras, las iniciativas a favor del empleo juvenil en la UE, o la colaboración en la estabilización de países como Mali o República Centroafricanas, no debería ser un obstáculo, para subrayar que la señora Vaullad-Belkacem, sencillamente, ha metido la pata, por mucho que hoy reconociera que el asunto objeto de sus críticas pertenece a la política interna española.
Guardar silencio, por lo demás, equivale a plegarse ante la presión de quienes, paso a paso, sigue imponiendo unas leyes que desprecian la vida del no nacido, enarbolando la bandera de la modernidad, el progreso y unos falsos derechos de la mujer. Estos se encuentran acostumbrados a que, una vez conseguidos sus objetivos, nadie dé marcha atrás. Por eso, la nueva ley española, que trata de corregir un despropósito como era la ley de plazos aprobada por el PSOE, les resulta difícil de digerir. Tanto aquí como en Francia.
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